Los fiscales abogan por una mayor coordinación internacional para luchar contra el crimen organizado

Los Fiscales de España, Francia e Italia están reunidos en Alicante para analizar temas relacionados con el blanqueo de dinero, el urbanismo o la lucha contra el crimen organizado.

En la primera sesión, el Fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, que habló sobre el blanqueo de capitales, consideró "imprescindible" la coordinación entre la Agencia Tributaria y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para luchar contra estas prácticas con "equipos de investigación muy preparados y especializados".

Por su lado el fiscal alicantino Jorge Cabré insistió en la necesidad de consolidar las labores de coordinación entre los países a la hora de desarticular bandas criminales organizadas, ya que, según expuso, "aún cuesta mucho" abordar diligencias de carácter internacional dirigidas a perseguir a este tipo de grupos. En muchas ocasiones las investigaciones dirigidas a desarticular estas bandas precisan de la continuidad en otros países, por lo que oficios como "comisiones rogatorias" deberían tener una mayor agilidad en su procedimiento y desarrollo. El representante del Ministerio Público de la Audiencia Provincial de Alicante, que coordina este curso sobre criminalidad organizada internacional, también recordó que el concepto de "crimen organizado" no puede limitarse a "grupos terroristas", ya que el abanico de actividades "es muy amplio" y abarca hasta "lo que parecen pequeños hurtos o robos".

El fiscal admitió cierto parecido en el tipo de delincuencia en Málaga, con la Operación Ballena Blanca y el Caso Malaya, y algunos casos en la provincia de Alicante. "Muchos de los problemas de Málaga son similares a los que se pueden encontrar aquí", apuntó Cabré, quien eludió pronunciarse con más detalle a este respecto.

Por último, el Teniente Fiscal Antidroga de la Audiencia Nacional, José María Lombardo, subrayó la necesidad de crear la figura delictiva de "asociación de malhechores por crimen organizado", con el objetivo de mejorar la lucha contra este tipo de actividades ilícitas desarrolladas por grupos. La propuesta, recogida en la posible reforma del Código Penal, supondría abandonar el "carácter leve" que se concede actualmente a esta figura.