La Xunta reclama al Gobierno la gestión de los tres aeropuertos gallegos

La Xunta aspira a gestionar los tres aeropuertos gallegos. Con ese objetivo, el Grupo Socialista ha trasladado a la comisión parlamentaria que trabaja en la reforma del Estatuto de Galicia una disposición adicional en la que se reclaman las competencias aeroportuarias, en la actualidad centralizadas en el ente público AENA. La propuesta incluye la transferencia de los aeródromos de Santiago, Vigo y A Coruña, aunque el Gobierno gallego dará por bueno un modelo que le permita participar en los respectivos consejos de administración y nombrar a los directores.

Él PSOE propone añadir al futuro Estatuto de Galicia una disposición adicional de competencias que recoja el deseo de la Xunta de hacerse con la gestión de los tres aeropuertos gallegos. "Pretendemos al menos coparticipar en el gobierno de Lavacolla, Peinador y Alvedro", resume el presidente del Grupo Parlamentario socialista, Ismael Rego, que recoge así el punto de vista de la Consellería de Política Territorial.

La propuesta de disposición adicional establece un plazo máximo de un año, a partir de la aprobación del futuro Estatuto de Autonomía, para convocar una comisión mixta de asuntos económicos Galicia-Estado, con el objetivo de negociar "las facultades de ejecución de la competencia del Estado" en materia aeroportuaria, entre otras. La redacción del artículo permitiría el traspaso directo de los aeropuertos, aunque el precedente de Cataluña convierte esta posibilidad en remota. Para el BNG, socio del PSOE en el Gobierno gallego, la transferencia es la opción preferente,

En el caso catalán, la imposibilidad de acuerdo con el Gobierno central provocó la ausencia de referencias a la gestión y titularidad de los aeropuertos de Cataluña, aunque el presidente Zapatero se ha comprometido a negociar con el nuevo Gobierno de la Generalitat. Además de la gestión de El Prat, el anterior Parlamento de Cataluña planteaba desclasificar los aeropuertos de Girona, Tarragona y Sabadell como de interés general, para que pudieran ser gestionados por las instituciones autonómicas.

La desclasificación en Galicia afectaría a los aeropuertos de Vigo y A Coruña, que pasarían así a manos de la Xunta, mientras que para el de Santiago se buscaría una fórmula alternativa que permitiera al Gobierno gallego participar en su gestión. Pero Política Territorial alberga dudas sobre la situación económica de Peinador, Alvedro e incluso Lavacolla, el de mayor actividad de los tres, ya que se considera que los aeródromos sólo comienzan a reportar beneficios a partir de los cuatro millones de viajeros al año.

En el año 2005, Santiago superó regictró 1,8 millones de usuarios; Vigo superó por primera vez el listón del millón y A Coruña alcanzó los 820.000. El sistema aeropoertuario español impide conocer los resultados económicos de cada aeropuerto por separado, ya que todos ellos ingresan en la cuenta general de AENA. Un eventual traspaso de aeropuertos a Galicia sólo sería posible acompañado de una fuerte transferencia económica, y obligaría a la Xunta a reforzar el aparato adminsitrativo de la Consellería de Política Territorial, por lo que los esfuerzos de la Xunta se destinarán a la gestión.

Gestíón y titularidad

Este planteamiento suscita distintos matices entre los socios de gobierno. La cuestión aún no ha sido debatida en detalle en la comisión parlamentaria que promueve la reforma del Estatuto de autonomía, en la que el Bloque advertirá de que no le vale con la simple gestión aeroportuaria, sino que quiere la titularidad y la administración de los tres aeropuertos gallegos. "Debemos aspirar a la titularidad y a las plenas competencias", resume el nacionalista Carlos Aymerich, miembro de la ponencia del Estatuto. El Grupo Popular, mientras, opta por reservar su opinión hasta que la propuesta se debata en la comisión.

La posibilidad de gestionar los aeropuertos gallegos puede plasmarse de distintas maneras, aunque Política Territorial aspira al menos a nombrar a sus directores, tal y como ocurre con los presidentes de las Autoridades Portuarias, nombrados por el Ministerio de Fomento a propuesta de la Consellería de Política Territorial.

En el caso de que se desclasificaran Vigo y A Coruña, su nombramiento sería competencia directa del Gobierno gallego, también como ocurre con los puertos que no están clasificados como de interés general. El planteamiento de mínimos de los socialistas incluye la representación de la Xunta en el consejo de administración de los aeropuertos y su participación en la planificación de los mismos.