Bruselas insta al Ayuntamiento a hacer un estudio de impacto ambiental sobre la M-30
El informe que reclama la UE afecta a los tramos ejecutados y a los que están en curso
La Comisión Europea remitió el pasado 31 de octubre una carta a las autoridades españolas en la que insta al Ayuntamiento de Madrid a iniciar un estudio de impacto ambiental sobre la reforma de la M-30, en los tramos ya ejecutados y los que están en curso. Además, Bruselas reclama una evaluación de los estudios para "adoptar las medidas minimizadoras o compensatorias que sean necesarias". El Ayuntamiento ha expresado su satisfacción porque la Comisión reconoce "la buena disposición" del Consistorio y acepta sus propuestas. En cambio, el PSOE opina que la carta supone un varapalo. "Nos da la razón. Confirma lo que habíamos pedido", dice Óscar Iglesias, portavoz socialista.
La misiva, remitida el pasado 27 de octubre, confirma lo expresado por los dos europarlamentarios que visitaron los trabajos de soterramiento de la M-30 a principio del verano pasado. Éstos enviaron un informe a la Comisión, que ahora comunica a las autoridades españolas. El documento se refiere al "expediente de infracción 2004/2080, M-30. Madrid".
Bruselas aún debe emitir un informe definitivo sobre las obras de reforma de la M-30. En la carta, la Comisión urge a las autoridades españolas a que elaboren "los estudios de impacto ambiental", de acuerdo con la normativa comunitaria, "en relación con los proyectos ya ejecutados o en curso de ejecución". El escrito considera estos mandatos como "imprescindibles a efectos de reparar la posible infracción".
Además, el documento, suscrito por la Dirección General de Medio Ambiente de la UE, exhorta al Ayuntamiento a que "con la mayor celeridad posible" inicie la evaluación de "impacto ambiental relativo a los proyectos aún por ejecutar". La Comisión advierte de que estas "evaluaciones deberán ser realizadas con escrupulosa observancia de todas las garantías". La UE exige estos requisitos "a efectos de tomar cuantas medidas minimizadoras o compensatorias sean necesarias". Por último, la Comisión insta al Ayuntamiento a presentar un "calendario detallado" para presentar los estudios medioambientales.
El calendario está enviado
La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Pilar Martínez, manifiesta su satisfacción porque considera que Bruselas ha aceptado las acciones sugeridas por su departamento. Martínez reclama "al Gobierno de España que proceda a resolver los defectos de transposición de las normas comunitarias existentes". Y anuncia que el Consistorio ya ha presentado el calendario a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. "Hemos abreviado los plazos lo máximo posible y en marzo podremos adjudicar el estudio", afirma la edil, que considera que con el documento de la UE "el procedimiento de infracción no continúa". "Por eso, el conflicto queda resuelto", añade. La edil asegura que encargará la declaración de impacto para las obras aún no iniciadas: los túneles del by pass norte y otro que los une con la A-1.
Bien distinta es la interpretación que hace el PSOE de la carta de Bruselas. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Óscar Iglesias, pidió que se haga "de forma inmediata un único estudio de conjunto que tenga en cuenta los efectos de todas las obras ejecutadas y en ejecución". Iglesias se mostró satisfecho al conocer el contenido de la misiva porque "la Comisión confirma la necesidad del estudio ambiental, que veníamos reclamando desde el principio". Según los socialistas, "la M-30 saldrá ahora más cara porque se tienen que volver a hacer las cosas que se han hecho mal".
El eurodiputado socialista Carlos Carnero, autor de la pregunta que propició la investigación comunitaria, considera que la carta supone una "respuesta positiva para la defensa de los derechos de los vecinos". Carnero presentó una cuestión en 2004 sobre la necesidad de elaborar un estudio de impacto ambiental para las obras de la M-30. La Comisión llegó a la conclusión de que las autoridades españolas no respetaron las disposiciones comunitarias por no haber elaborado el estudio, ni tener en cuenta los efectos acumulativos de las obras. Bruselas considera que no existe intencionalidad en la infracción de las normas comunitarias.
La obra de los pleitos
Desde que el Ayuntamiento aprobó la obra de reforma de la M-30, en junio de 2004, hasta hoy, el proyecto se ha visto salpicado por multitud de denuncias y recursos. Asociaciones de vecinos y los grupos de la oposición (PSOE e IU) han elevado sus protestas a los organismos europeos.
El PSOE decidió acudir a la Comisión Europea para denunciar que el proyecto carecía de declaración de impacto ambiental.
El Ayuntamiento alegó que al tratarse de una vía urbana no era necesario el citado trámite. Para sostener esa tesis se ampara en un dictamen del Consejo de Estado que exime de la declaración a los proyectos urbanos. Y denominó al proyecto Calle 30.
Además, dividió la obra en 12 subproyectos lo que le permitió evitar la elaboración de la declaración de impacto.
Por su parte, IU decidió acudir al Parlamento Europeo para que se "cumplieran de manera estricta todas las directivas comunitarias referidas al sometimiento de determinados proyectos a una previa evaluación ambiental y para que se requiriera a las administraciones nacionales el trámite de evaluación ambiental". La acción de IU provocó la visita de dos parlamentarios europeos a las obras.
Los vecinos también se han implicado en el proceso judicial. En Tetuán acudieron a la fiscalía por un túnel que enlazaba el barrio con la M-30. Los residentes más próximos al parque de Enrique Tierno Galván han ido hasta Bruselas por las chimeneas de expulsión de humos del túnel por el que la M-30 pasará bajo sus casas.
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