El TSJ acumula en un año 800 casos contra actuaciones urbanísticas

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia tiene sobre la mesa unos 800 recursos y apelaciones relacionados con la gestión urbanística. Son sólo los asuntos registrados desde enero y reflejan una tendencia constante al alza de los casos ligados al urbanismo, envuelto en polémicas. Conscientes del fuerte debate, los magistrados han iniciado una "reflexión" para buscar vías que permitan frenar crecimientos desmedidos. La paralización de un PAI en Parcent ha sido el primer aviso. La Sala pide más medios para actuar contra desarrollos insostenibles.

La Sala busca aplicar al crecimiento urbano los principios de sostenibilidad

La Sección Primera reúne desde hace un año los asuntos de urbanismo, medio ambiente, patrimonio cultural y extranjería. Desde enero ha recibido unos 3.000 casos, de los cuales 800 se deben a actuaciones urbanísticas, desde recursos contra grandes programas de actuación integrada (PAI) y planes generales hasta licencias, pasando por expedientes de demolición de casas ilegales y apelaciones por reparcelaciones. Además, quedan pendientes varios centenares más en la sección encargada antes del urbanismo.

Cada vez hay más casos, y aunque no aumentan en proporción con el boom urbanístico, la preocupación social en torno a la vorágine constructora se extiende a los tribunales. Así, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo iniciaron hace unos meses un debate interno cuya primera conclusión se ha plasmado en el auto por el que la Sección Primera suspendió de forma cautelar un PAI de 1.500 casas en Parcent, que con un millar de habitantes triplicaría la población. En el auto, los magistrados afirman que el PAI no es el instrumento adecuado para un crecimiento de esa dimensión, que debe surgir de una planificación que "pondere las necesidades integrales del municipio y su sostenible desarrollo".

Esta aseveración es clave en la reflexión de los magistrados. El presidente de la Sala y de su Sección Primera, Edilberto Narbón Laínez, explica que la Ley de Ordenación del Territorio y del Paisaje (LOTP), a su juicio "muy avanzada", defiende "cuotas de sostenibilidad" en el consumo de suelo, agua o del paisaje. "Nos hemos planteado que estamos hablando de sostenibilidad de todos los elementos excepto del urbano. En ese sentido, una población que con un PAI pasa de 1.000 a 5.000 habitantes rompe la sostenibilidad de que habla la ley, aunque no lo recoge expresamente", destaca Narbón, porque un crecimiento desmedido, de golpe, quiebra el carácter de esa población.

El TSJ busca cómo encajar esa conclusión en la legislación valenciana "para evitar excesos urbanísticos". La LOTP puede ser una vía. "Parte de un principio general de Derecho no escrito, que es el principio de proporcionalidad, lo que le hace fijar cuotas de sostenibilidad. Nosotros queremos aplicar ese principio a la población para que pueda conservar su esencia. Un pueblo que se triplica en tres o cuatro años se destruye", subraya.

La Sala recuerda su capacidad de decidir en virtud de los principios generales del Derecho y el criterio de actuar "acorde a la realidad social" recogido en el Código Civil. Una realidad que invita a marcar nuevas pautas tras una etapa en la que la doctrina del Tribunal Supremo se ha mostrado poco proclive a la suspensión de planes urbanísticos. Y aunque el caso de Parcent es "excepcional", ya que suma al hecho de presentar un PAI "sobredimensionado" el que el Ayuntamiento ignorara un dictamen contrario del Consejo Jurídico Consultivo y pretendiera ejecutarlo sin la aprobación de la Generalitat, "ha servido para abrir esa reflexión".

El análisis no se detiene en los PAI. En opinión de Narbón, un plan general urbano que busque triplicar el censo en menos de una década "tampoco es razonable". En ese sentido, subraya el magistrado, el problema central no es un instrumento concreto de gestión urbanística, sino que se trata de la aplicación del concepto más amplio de la ordenación sostenible del municipio y del territorio que se deriva de la propia legislación. Una responsabilidad que "es de todos".

Sin embargo, la actuación del TSJ y la imposición de medidas cautelares topa con la falta de medios para responder en plazos que no supongan un perjuicio grave para los implicados. "Si cuando entra un asunto de urbanismo o cualquier otra materia tuviéramos capacidad de resolverlo en cuatro o seis meses, probablemente suspenderíamos muchos más planes urbanísticos. El problema es que tardamos dos o tres años", apunta Narbón. La Sala está sobrecargada, a lo que se suma la complejidad de los asuntos urbanísticos.

El presidente de lo Contencioso-Administrativo incide también en la necesidad de combatir con más fuerza el principio "de que quien cumple la legalidad urbanística es tonto", en referencia a las viviendas ilegales y la prevención a derribarlas. La Sala envía testimonio a los fiscales sobre casas ilegales cuando las detecta y propone que examinen recurrir al delito de prevaricación si un Ayuntamiento multa la irregularidad pero no se preocupa de la demolición. El magistrado resalta que la Ley Urbanística Valenciana, que considera ha mejorado en más de un aspecto la anterior norma, intenta poner coto a esta situación y evitar que la tardanza en resolver las demoliciones permita entretanto usar o vender las casas. Pero advierte de que el reglamento ha abierto "un agujero" al prever mantenerlas cuando las casas entran en un plan urbanístico.