El juez cita al regidor de Riba-roja y a parte de su familia

La instrucción judicial de la querella contra el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, del PP, y sus sobrinos y concejales Cristina Vázquez Tarazona y José Vicente Tarazona, por supuestos delitos relacionados con la gestión urbanística y el pelotazo del Valencia CF en Porxinos, arranca la semana que viene con las primeras declaraciones de imputados y familiares. El plazo para recurrir el auto de las diligencias se cierra hoy.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Llíria ha citado en primer lugar para el miércoles al alcalde, al que los socialistas de Riba-roja acusan de prevaricación por haber votado a favor del PAI de Porxinos a pesar de que su madre tenía parcelas en la actuación que sólo fueron desgajadas en último momento. También imputan a Tarazona tráfico de influencias e información privilegiada en éste y otros PAI en los que familiares suyos habrían comprado suelo anticipándose a las operaciones urbanísticas. José Vicente Tarazona declarará la misma mañana, denunciado también por no haberse abstenido en la votación del PAI que reclasificó a una empresa del presidente del Valencia CF, Juan Soler, cerca de 1,2 millones de metros cuadrados para la ciudad deportiva y 2.700 viviendas; unos derechos de edificación que vendió por 160 millones de euros. Dos días después responderá a la misma cuestión la concejal y sobrina del alcalde, Cristina Vázquez Tarazona, comparecencia con la que el juez cierra la toma de declaración a los imputados.

Intereses inmobiliarios

Como testigos acudirán al juzgado la madre del alcalde, que mantiene inscrita en el registro una opción de compra de la empresa de Soler sobre sus terrenos, ahora a 500 metros del PAI de Porxinos, según la querella. En relación con el entramado familiar de intereses inmobiliarios y urbanísticos denunciado por los socialistas, declararán asimismo la hija del alcalde, Amelia Tarazona, un primo hermano y otro sobrino, cuyas compras de suelo se describen en la querella y se vinculan a operaciones urbanísticas que les habrían beneficiado. En la lista del juez figuran, además, la secretaria municipal y el interventor, que se consideraron incompetentes para pronunciarse sobre la causa de recusación de los imputados para votar el PAI de Porxinos.

El juzgado ha requerido a la mercantil Mafort, adjudicataria de varios PAI, para que informe si tienen relación laboral con la empresa el yerno del alcalde y la hermana de la concejal querellada, como asegura la querella. Del registro el juez pide certificación de todas las propiedades de los querellados, a los que no impone fianza. Tampoco se paralizará el PAI de Porxinos mientras no avance la causa.