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Territorio deja en manos de las empresas la auditoría ambiental del polígono energético de Castellón

María Fabra

La intención de la Consejería de Territorio de paralizar temporalmente las ampliaciones de las industrias energéticas de El Serrallo, debido a que la distancia que las separa de algunas viviendas de Castellón y Almassora es de apenas 100 metros, no ha fraguado. Además, Territorio ha dejado en manos de las mismas empresas la elaboración de una auditoría ambiental y de riesgos, que será la que fije cuál es la situación y qué medidas se han de adoptar. Serán las propias firmas las que intervengan en la determinación de las mejoras técnicas que han de aplicar en las industrias para garantizar la seguridad.

La reunión convocada hace dos meses se celebró, por fin, ayer, aunque con unas conclusiones mucho más tibias de las que en principio tenía previsto plantear la consejería que dirige Esteban González Pons. De esta manera, Territorio desoye la petición realizada por el propio Ayuntamiento de Almassora que solicitó, en pleno, la paralización de los proyectos planteados por BP. El grupo socialista en el municipio exigió que también se paralizara la intención de ampliar la planta de Iberdrola, que dirige el propio alcalde de Almassora, Vicente Casanova. El Ayuntamiento de Castellón, que es el que ha otorgado las licencias, no se había pronunciado hasta el martes cuando el concejal de Urbanismo, Javier Moliner, sorprendió al exigir la realización de una auditoria ambiental y de riesgos del polígono energético de El Serrallo. Esa es, precisamente, la medida que se acordó ayer con Territorio.

Tanto Moliner como el alcalde de Almassora se reunieron ayer con la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente, Cristina Serrano, y con el director general de Calidad Ambiental, Jorge Lamparero. "Se ha constatado que las empresas ubicadas en el Serrallo tienen todos los permisos en vigor y cuentan con todas las licencias propias de su actividad", según dijo Cristina Serrano. La secretaria autonómica quiso limitar el impacto de las ampliaciones al señalar que "no constituyen nuevas instalaciones en el conjunto del sector sino que se tratan de sustituciones de viejas por otras actuales". Serrano no marcó plazo alguno para la realización de la auditoría o la aplicación de medidas.

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