La situación de Marbella

Las demoliciones generan división

El derribo de las viviendas ilegales en Marbella abre una brecha entre los partidos

¿Demoliciones sí o demoliciones no? El debate se ha reavivado después de que la Junta haya pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordene el derribo de 334 viviendas ilegales de Marbella. La posibilidad de que esta drástica decisión pueda extenderse a más construcciones irregulares ha generado una profunda división entre los partidos y opiniones contrarias entre vecinos, promotores y ecologistas. La Junta es partidaria de demoler las viviendas ilegales construidas en espacios reservados a equipamientos públicos. El PP rechaza de plano los derribos, posición en la que coinciden los promotores. Las asociaciones de vecinos de Marbella y los ecologistas creen que debe valorarse el beneficio o perjuicio de la demolición caso a caso.

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La controversia generada tras la petición de la Junta no se ha visto empañada en Marbella por la tercera fase de la operación Malaya, y el agrio debate es palpable en todos los ámbitos políticos y sociales. Nadie es ajeno a una polémica que por ahora atañe a 334 viviendas de siete promociones, pero en la que podrían verse envueltas hasta aproximadamente 5.000 viviendas que se calcula han sido construidas en espacios reservados para equipamientos públicos.

Hace una semana, la Junta pidió al TSJA que ordene el derribo de 334 viviendas ilegales en Marbella por tratarse de "los casos más graves". "Los equipamientos públicos son los atributos más sagrados de una ciudad y bajo ningún concepto puede construirse en ellos", explicó el director de la Oficina de Planeamiento, José María Ruiz Povedano.

Pero el pasado martes el consejero de Turismo Paulino Plata, restó contundencia a la petición de ejecuciones de sentencias al alto tribunal. "Es muy importante ver el lado humano del problema en este asunto. La única solución no es el derribo, ni mucho menos", declaró Plata. El futuro candidato socialista a la alcaldía marbellí recordó que el juez decidirá en cada caso si el derribo es procedente. "La decisión debe ser justa para que la gente la entienda".

Desde el PP, su presidente regional, Javier Arenas, ha cogido la bandera de las posibles demoliciones para cuestionar la actuación de la Junta en Marbella y tildar de "inmoral" los derribos. Ayer, junto a la candidata de su partido en Marbella, Ángeles Muñoz, Arenas recalcó que las familias que viven en estas viviendas no pueden "ser víctimas de lo que ha pasado". Y volvió a señalar a la Administración autonómica como la principal responsable de las irregularidades.

El líder del PP reclamó un pleno extraordinario del Parlamento para tratar de forma monográfica la situación generada en Marbella y planteó la posibilidad de que su partido pida una comisión de investigación.

Arenas dio por seguro que los controles urbanísticos están fallando en Andalucía "todos los días" y reclamó un "cambio radical" en el control de la legalidad urbanística. "La situación no puede seguir así", dijo.

Los promotores y constructores malagueños también se han pronunciado en contra de las demoliciones y han planteado que los dueños compensen a la ciudad en caso de que ocupen zonas de equipamiento.

Por su parte, los vecinos consideran que la extrema medida podría estar justificada siempre que los compradores de buena fe fueran indemnizados. "No nos oponemos de raíz. Siempre que los vecinos resulten indemnizados y si la construcción está sobre suelos para equipamientos y jardines, estamos de acuerdo porque hay que restituir esos suelos al pueblo", opina Alejandro Dogan, presidente de la Federación de asociaciones de vecinos de Marbella y San Pedro Alcántara. "El problema es quién indemniza. Si los promotores o los responsables políticos que autorizaron las promociones", matiza.

Para Dogan, la postura de la Junta es contradictoria. "No entendemos cómo la Junta pedía hace una semana las demoliciones y sólo días después Plata diga que hay que ver caso por caso y que es muy difícil que éstas ocurran".

El representante vecinal cree que en Marbella existen edificaciones sin habitar que incumplen la ley, y que deberían ser objetivo prioritario de las demoliciones. "Si quieren derribar, ahí está el Hotel Senator", afirma.

Para Javier de Luis, ex líder ecologista azote del gilismo y actual asesor técnico de la gestora, el beneficio de las posibles demoliciones al tratarse de viviendas habitadas, debe ser sopesado por el juez en función del hipotético perjuicio que causarían.

"¿Dónde está el beneficio?"

"Si tiras Banana Beach [urbanización ilegal de 238 viviendas frente al mar], el suelo sigue siendo de José Ávila Rojas [promotor imputado en el caso Malaya por cohecho]... ¿dónde está el beneficio para la ciudad?", pregunta. De Luis apoya las demoliciones siempre que se haya comprobado que el beneficio generado es superior al perjuicio.

El asesor técnico estima que es preferible hablar de "restablecimiento de la legalidad urbanística perturbada", toda vez que la decisión final sobre el derribo dependerá de un magistrado. "En todos los procesos que se están abriendo habrá que buscar una garantía de que aquello no va a volver a suceder, y de que aquellos que infringieron la ley obtendrán su castigo. Debe consumarse el embargo de cuentas corrientes y bienes, de ex concejales y promotores que participaron en estas operaciones", asegura.

Por su parte, tanto Arenas como Muñoz relacionaron al ex asesor de Urbanismo de Marbella y supuesto cerebro de la red de corrupción de este municipio, Juan Antonio Roca, con la Junta y el PSOE. "El PSOE conocía las negociaciones de la moción y se ha beneficiado de lo que ha ocurrido en Marbella", dijo Muñoz. El Gobierno andaluz puso el acento en que el PP está creyendo las declaraciones de los imputados en la Operación Malaya.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 22 de noviembre de 2006.

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