Justicia recalca que la oferta rechazada por los funcionarios es la última y tiene caducidad

El Departamento de Justicia lanzó ayer públicamente varias advertencias a los funcionarios que mantienen una huelga indefinida desde el 24 de octubre pasado que ha obligado a suspender cientos de juicios. Primero, recalcó que la oferta económica que les planteó el viernes "es la última" y tiene "caducidad". Después amenazó con poner en marcha "todos los mecanismos legales" a su alcance, que no precisó, para minimizar los efectos de los paros. Pocas horas después de que los funcionarios rechazasen esa oferta de forma casi unánime, el viceconsejero, Josu Sagasti, se solidarizaba con los empleados que "sufren improperios y vejaciones" por querer ejercer su derecho al trabajo.

El viceconsejero quiso trasladar a los 2.068 funcionarios e interinos que trabajan en la Administración de Justicia que el margen para mejorar su oferta económica se ha acabado. El ultimátum llegaba cuatro horas después de que las tres asambleas de trabajadores celebradas en los palacios de justicia de las capitales se cerrasen con un mensaje unánime: "La propuesta del Gobierno es insuficiente y la huelga continua".

Los cinco sindicatos convocantes de la huelga indefinida (CCOO, CSIF, ELA LAB y UGT) desconvocaron de inmediato el referéndum que tenían previsto poner en marcha hoy, al no quedar ninguna duda sobre su resultado. Fuentes sindicales advirtieron de que en las asambleas se podía palpar la crispación y la posibilidad de que el conflicto, tras 12 jornadas de huelga y un retraso acumulado que puede tardar en resolverse entre seis y nueve meses, se radicalice.

El viceconsejero, quien el lunes intentaba darle la vuelta a la situación con una infructuosa cita de urgencia en la sede del Ejecutivo en Vitoria, cargaba ayer contra las centrales por no reconocer las bondades que, opina, tiene su propuesta y no cumplir con la palabra dada de convocar el referéndum. La consejería cree que su oferta supone de hecho la equiparación salarial con el resto de los funcionarios vascos y ve "inaceptable" que los sindicatos hayan "hurtado" a los trabajadores la posibilidad de votarla. "Ellos son los garantes de la participación social y, sin embargo, han vetado a los trabajadores la opción de participación", criticó Sagasti.

"Vejaciones"

La portavoz del Ejecutivo, Miren Azkarate, terció en la polemica tras la reunión del Consejo de Gobierno y rechazó también que los sindicatos no hayan consultado a la plantilla el "principio de acuerdo" alcanzado el pasado viernes. "Desde posiciones maximalistas será difícil avanzar" hacia la solución, añadió. Azkarate destacó que Justicia sigue manteniendo abiertas las vías de diálogo, porque desde posturas de "todo o nada" el arreglo será difícil, informa Isabel C. Martínez.

Aunque el viceconsejero reconoció que el "derecho a la equiparación" salarial ya fue asumido por anteriores equipos de Justicia, algunos incluso del mismo partido que controla ahora la cartera, Eusko Alakartasuna, puntualizó que esa equiparación quedaba condicionada a que se produjese en "paridad de condiciones de trabajo" con los demás funcionarios.

A renglón seguido, rechazó que se puedan dar esas condiciones de trabajo y, por tanto, que se pueda hablar de derecho a la equiparación: "Se puede equiparar lo equiparable y no lo que no es equiparable", explicó, aludiendo a que parte de los salarios de los funcionarios de Justicia dependen de legislación estatal específica y su cuantía la determina el ministerio.

Sagasti mostró su extrañeza por la iniciativa aprobada por unanimidad el pasado viernes por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior vasco de solicitar una reunión con el departamento para hablar de los efectos de la huelga. "El pasado día 13 nos reunimos para ese fin. Es una paradoja", insistió. El viceconsejero explicó que el departamento carece de datios sobre el número de juicios suspendidos y, por tanto, de la incidencia real y diaria de la protesta.

Sí tuvo palabras de solidaridad para los trabajadores que no secundan los paros, porque "están siendo sometidos a improperios y vejaciones por ejercer su derecho al trabajo".

El departamento inserta hoy un anuncio en varios periódicos en el que expone a la opinión pública sus razones para criticar la actuación de los sindicatos. El texto, en euskera y castellano, contiene la misma información que facilitó a los medios en la rueda de prensa celebrada ayer tarde.