El consejero de Aguas de Calp lo ignora todo de los sobrecostes
El directivo declara al juez que estaba de baja cuando se renovó la red
El consejero delegado de Aguas de Calp, Francisco Zorrilla, recordó ayer ante el juez de Dénia que investiga el sobrecoste de la renovación de la red de agua en este municipio de la Marina Alta que cuando ocurrieron los hechos estaba de baja por enfermedad y al incorporarse a su puesto "sin haber oído nada previo", según fuentes judiciales el imputado se limitó a tramitar el expediente y autorizar su adjudicación. El PSPV, que destapó el caso, confía en que la investigación judicial determine responsabilidades políticas.
El juzgado retomó ayer las diligencias con el interrogatorio a tres de los imputados
El también gerente de la empresa Aguas de Valencia, Francisco Zorrilla, "no ha aportado ninguna luz" al llamado caso Aguas de Calpe tras declarar como imputado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Dénia, según informaron a Efe fuentes de la Unión de Consumidores (UCE), parte demandante en la causa.
La comparecencia judicial de Zorrilla, que se inició a las diez de la mañana y concluyó dos horas después, "no ha servido de mucho", según la UCE que presentó una querella el pasado mes de mayo al entender que había indicios de un posible delito penal por "alteración artificial del precio real de las obras", en relación al proceso contractual de las obras de la red pública de agua de Calp. "Zorrilla sostuvo ante la magistrada que no se enteró de la contratación, pues se encontraba fuera de la ciudad y de baja, y que firmó el expediente sin mirarlo", manifestaron. Con esta declaración, la titular de este juzgado reanuda las diligencias adscritas a esta denuncia, que continuarán hoy con la declaración como imputados del ex administrador de Obras Hidráulicas de Levante Jesús Lara Santamaría y el gerente de la firma Montubo Obra Civil, Salvador Ibarra. El Ayuntamiento de Calp, gobernado por el PP, ya declinó cualquier responsabilidad penal en la investigación de un juzgado de Dénia por el sobrecoste de la renovación de la red de agua en el gerente de Aguas de Calp, José Alberto Mut. Las obras se adjudicaron por 3,5 millones de euros, pero un informe de la Universidad Politécnica tasó el valor de los trabajos en 1,7 millones. Basándose en ese estudio, el Grupo Municipal Socialista y la Unión de Consumidores de Alicante (UCE), presentaron sendas querellas que instruye el Juzgado número 2 de Dénia.
La juez ha imputado a cuatro personas, entre ellas, el concejal de Aguas y diputado provincial de Fomento y consejero delegado de Aguas de Levante, Juan Roselló, por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y maquinación para altear el precio de las cosas. Roselló ya compareció ante el juez el pasado mes de julio. En su declaración, según fuentes judiciales, el concejal declinó cualquier responsabilidad del equipo de gobierno.
El Ayuntamiento de Calp adjudicó, sin mediar concurso público, en marzo de 2004 el proyecto de mejora de la red de las conducciones del agua potable a la empresa concesionaria del servicio, Aguas de Calp. Dos meses más tarde, esta empresa mixta subcontrató el proyecto a la mercantil Obras Hidráulicas de Levante que, hasta días antes de hacerse con el trabajo, se dedicaba al reparto de publicidad mediante el sistema de buzoneo. Esta sociedad, según consta en el Registro Mercantil, varió su objeto social el 12 de mayo de 2004.
En esa fecha la firma Buzoneo I. R. S., S.L., pasó a denominarse Obras Hidráulicas de Levante, S. L. con el mismo NIF y domicilio social y con un capital social de 3.000 euros. En proyecto participa otra tercera, la mercantil Montubo Obra Civil, S. L. Esta empresa se constituye el 4 de marzo de 2004, es decir, 13 días antes de la adjudicación del proyecto a Aguas de Calpe, y es la ejecutora material de las obras.
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