Detenido un constructor por esparcir estiércol en el consistorio de Sant Boi

El Ayuntamiento de Sant Boi desprendía ayer un hedor que recordaba los sorprendentes hechos ocurridos la noche anterior. Un total de 20 personas acudieron el lunes al consistorio mientras se celebraba el pleno y tiraron bolas de pintura contra la fachada, realizaron pintadas, quemaron neumáticos en la plaza, hicieron estallar tracas, vaciaron un extintor y esparcieron bolsas de excrementos por el edificio. Lideraba el grupo el constructor Manuel Cano, que protestaba de esta forma por no haber obtenido en un año y medio la licencia de obras de unas casas que está terminando de construir. Cano fue detenido ayer por su airada y desmesurada proetsta.

Cano es dueño de una pequeña empresa que se dedica desde hace años a realizar obras por encargo del Ayuntamiento. Por su implicación en la vida cultural y asociativa del municipio, es conocido entre la población y considerado una persona pacífica. El lunes, ante la sorpresa de los presentes en el pleno, invadió la sala junto con sus acompañantes, trabajadores de su empresa, familiares, amigos y vecinos; esparció más estiércol; pintó las paredes y, fuera de sí, insultó a los concejales del equipo de gobierno.

Tras los incidentes, el Ayuntamiento interpuso una demanda y el constructor fue detenido ayer. "Entraron en estampida. Ha sido un atentado contra la autoridad y contra los bienes públicos", explicó la alcaldesa de Sant Boi, la socialista Montserrat Gibert, que alabó que nadie de los presentes cayera "en la provocación".

Según la familia de Cano, sus actos fueron una "medida desesperada" contra el trato recibido por el Ayuntamiento y por encontrarse "al borde de la quiebra".

La empresa, que se dedica de forma esporádica a realizar pequeñas promociones, pidió hace un año y medio la licencia de obras para construir cuatro casas adosadas en la calle de Garona, en unos terrenos de su propiedad. Según el Ayuntamiento, se les dio permiso sólo para dos casas, porque existían dudas sobre si en los terrenos cabían todas. "El resto quedó en estudio", señala Gibert.

Silencio administrativo

Sin embargo, los constructores afirman que no obtuvieron respuesta y pasados dos meses se acogieron al silencio administrativo. Por ello, iniciaron las obras de todas las viviendas y firmaron con los compradores los contratos. Los problemas llegaron cuando el banco reclamó un informe favorable del Ayuntamiento. Durante el último año la empresa mantuvo numerosas reuniones con la alcaldesa y otros responsables municipales. "Siempre nos habían dicho que nos entendían y que resolverían el problema. Parecía que estaban de nuestro lado", señala el hijo del constructor, Daniel Cano.

La familia acusa a un ingeniero municipal de todos los problemas. "Esta persona nos dijo que si queríamos que desbloqueara el tema, le pagáramos 60.000 euros", asegura Daniel Cano. "Si eso fuera así, tendrían que haberlo denunciado ante el juzgado", afirmó ayer categóricamente la alcaldesa.

En las dos parcelas de Cano "faltan 89,74 metros cuadrados", explican fuentes municipales, que afirman que quizá las continuas reuniones y el trato próximo con la familia generó falsas expectativas en el constructor. Éste explica que no ha acudido a la justicia porque la lentitud del proceso no hubiera resuelto sus problemas de liquidez. Gibert afirmó que el consistorio es "muy riguroso" en el reglamento urbanístico y de planeamiento: "Hemos denegado otras licencias en el mismo sector porque faltaban 30 metros. Destinamos a estos temas hasta siete técnicos, y todos han estudiado este caso", comentó la alcaldesa, que añadió que no claudicarían.