Las constructoras del túnel del Carmel pagarán 44 millones de indemnización

El Gobierno catalán ha alcanzado un acuerdo con las empresas que trabajaban en el túnel del Carmel en el momento en que se produjo el hundimiento, así como con sus aseguradoras. De los 83 millones gastados por el Ejecutivo, 44,2 los aportarán las empresas y otros 22,1 la firma pública GISA, dependiente del propio Gobierno catalán. Los otros 17 millones quedarán fuera del convenio al entenderse que es dinero gastado en mejoras no directamente relacionadas con el accidente. De los 22,1 millones de GISA, 7,1 millones proceden de su póliza de seguros.

El Gobierno catalán firmó anteayer un convenio con las empresas que trabajaban en el túnel del Carmel de Barcelona cuando se produjo el hundimiento, así como con un grupo de empresas aseguradoras.

Los gastos derivados del hundimiento ascienden a 83 millones de euros, pero la diferencia de 17 millones entre los 66,3 que figuran en el convenio y los 83 invertidos realmente irá a cargo del Gobierno catalán, que entiende que no deben repercutirse a las aseguradoras las mejoras complementarias introducidas en el barrio. "Es como si se hubiera actuado en una mejora equivalente a la Ley de Barrios, aprovechando la necesidad de intervenir tras el accidente", explicó un portavoz del Ejecutivo.

El convenio establece que las empresas aportarán hasta 44,2 millones de euros para cubrir los gastos cuyo dinero fue en su día adelantado por el Ejecutivo como consecuencia del hundimiento y de la necesidad de actuar de forma inmediata.

Las compañías implicadas son las que integraban las dos uniones temporales de empresas, una para la construcción del túnel y otra para la dirección de obra. En el primer caso las empresas son Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Copisa y Comsa. En el segundo, las ingenierías Tec-4 (firma que acaba de ganar un concurso de ideas para construir un puente sobre el Ebro) y Gecontrol.

Cobro de seguros

El convenio no detalla qué parte aporta cada empresa y se limita a explicar que la aportación de todas ellas equivale a los dos tercios de la cantidad a abonar por los gastos causados de modo directo por el hundimiento del túnel. Como la cantidad total es de 66,3 millones, las empresas aportan 44,2 millones. Las empresas se resarcirán en parte de sus propias compañías de seguros que les abonarán 18,9 millones. El resto, hasta los 44,2 millones, saldrá de la caja de las firmas constructoras y de las ingenierías.

La empresa pública GISA, que era la que había licitado las obras, abonará el tercio restante, es decir, los otros 22 millones de euros que, sumados a los 44 de las empresas dan los 66 estipulados en el convenio. De esos 22,1 millones aportados por GISA, 7,1 millones proceden de las pólizas de seguros que tenía contratadas y los otros 15 son su aportación por la responsabilidad que le cabe en las obras.

Los 66 millones aportados por las empresas y GISA cubren desde los gastos de hoteles y dietas para los vecinos hasta los arreglos de grietas relacionadas con el hundimiento, pasando por la adquisición de viviendas para las personas que se quedaron sin ellas.

Las empresas aseguradoras que han firmado el convenio con el Gobierno catalán y que aportarán cantidades diversas que no han sido precisadas son Zurich, Mapfre, Catalana Occidente, Cafer S. A. y Groupama.

El hundimiento del túnel del Carmel se produjo por causas aún no determinadas y sobre las que se pronunciará el juzgado que tramita el caso. Un primer hundimiento tuvo lugar el 25 de enero de 2005 y poco después, cuando se analizaban las causas y efectos del primer colapso, se produjo otro que derruyó un edificio completo.

En estos momentos, el hundimiento sigue en los juzgados la vía penal, que establecerá a quién corresponden las responsabilidades por el colapso del túnel. La sentencia podría dar paso a una revisión de las aportaciones a realizar por las partes, según fuentes del Gobierno catalán.

El pasado 11 de octubre GISA volvió a adjudicar las obras correspondientes a una cola de maniobras de la línea 5 del metro. Ninguna de las constructoras que intervinieron participa en la nueva obra que tiene un importe de 11,5 millones de euros.