El crecimiento urbano previsto en Rubite, es "excesivo", según la Junta
El municipio granadino, que hoy tienen 175 casas, plantea construir 3.500
El complejo turístico y de golf que un grupo de inversores privados promueven en el municipio granadino de Rubite "excede" los crecimientos que el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) establece para los procesos de urbanización. Aunque deberán ser Medio Ambiente y la Comisión Provincial de Urbanismo las que den el visto bueno al proyecto, el delegado de Obras Públicas en Granada, Pedro Fernández, avanzó ayer, en declaraciones a Efe, que el plan generará unos crecimientos que "en principio no se justifican".
El proyecto, al que los promotores han bautizado como Rubite Golf & Resort, contempla la construcción de un campo de gol, alrededor de 1.000 viviendas, 700 apartamentos turísticos, un hotel de cinco estrellas y un centro comercial y de ocio. Sólo con este plan, el municipio, que hoy cuenta con alrededor de 550 habitantes, podría ver quintuplicado su parque de viviendas (actualmente tiene alrededor de 175 casas, según el último censo del Instituto de Estadística de Andalucía).
El proyecto está incluido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el pleno municipal (presidido por el PSOE) aprobó inicialmente el pasado dos de octubre. Y, según el delegado de Obras Públicas, el gran complejo de golf no es el único proyecto cuestionable ya que el PGOU, además de las 1.000 viviendas incluidas en este complejo, contempla la construcción de otras 2.500 más.
"Esto supondría un aumento de casi el 2.000% de los habitantes y de más de un 5.600% en cuanto a crecimiento en superficie de suelo", explicó Fernández, quien añadió que el que plantea el Ayuntamiento de Rubite "no es el modelo de ciudad defendido por la Junta" en el POTA y en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
El proyecto promovido en este municipio ubicado en la sierra de Lújar y que cuenta con cuatro kilómetros de costa, choca además con la resolución aprobada hace unas semanas por el Parlamento que vetará cualquier plan urbanístico que plantee, para los siguientes ocho años, un crecimiento superior al 30% del actual.
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