Los secretos del Sáhara
El Gobierno reconoce como víctima del terrorismo a un electricista herido hace 30 años en el desierto
Hasta hace dos días Francisco Jiménez era víctima de un accidente laboral. Desde el jueves, el Gobierno le reconoce como víctima del terrorismo. A su familia le ha costado "treinta años, diez meses y seis días", conseguirlo, según precisa su hija, Lucía Jiménez, que ha peleado por el reconocimiento. Su padre murió el año pasado.
"Era sábado, 10 de enero de 1976, y nos enteramos por la televisión", recuerda Lucía. Aquel día, hacia las once de la mañana, en el Sáhara Occidental, una mina supuestamente colocada por el Frente Polisario para los marroquíes, hacía explosión al paso del vehículo en el que viajaban Francisco Jiménez y Raimundo López, ambos electricistas y empleados de Fos Bucraá, la empresa del Insituto Nacional de Industria que explotaba los yacimientos de fosfatos del Sáhara.
Raimundo López, el conductor, murió en el acto. "Mi padre volvió a casa destrozado, ciego, sordo y lleno de metralla. Habría muerto de no ser porque iba sentado sobre la caja de recambios y amortiguó la explosión. Decía que sintió cómo se le rompían los oídos", recuerda Lucía.
El Ministerio de Trabajo calificó lo sucedido como accidente laboral y concedió a Francisco, entonces con 38 años y padre de cinco hijos, la incapacidad laboral definitiva. Su familia intentó acogerse a la ley de víctimas del terrorismo desde que entró en vigor, en 1999, pero el Ministerio del Interior alegó siempre que en sus archivos no había menciones a aquel atentado -la mayoría de los documentos del Sáhara están clasificados como secreto hasta 2026-. "La AVT nos rechazó. Hemos conseguido la indemnización (96.161 euros) gracias a la asociación de víctimas catalana y la andaluza, y la sensibilidad del ministro de Justicia", asegura Lucía. Francisco había escrito la última solicitud a Interior, un mes antes de morir, el 19 de octubre de 2005. "Sentimos mucho que se haya perdido esto". "Era un caso sangrante. Francisco fue víctima de una violencia organizada. Hemos hecho un acto de justicia", asegura José M. Rodríguez, director de la oficina de Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.
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