El personal de los juzgados votará el miércoles en referéndum la última oferta de Justicia

Los empleados de la Administración de Justicia decidirán el miércoles en referéndum si ven suficiente la última oferta del Gobierno, presentada ayer, para desconvocar una huelga que ha colapsado los juzgados después de cuatro semanas. Aunque los sindicatos consideran un obstáculo que Justicia siga sin aceptar la equiparación salarial plena, admiten que la propuesta supone un avance. El viceconsejero de Justicia, Josu Sagasti, advirtió tras la reunión de que se trata de la "última" oferta. La CSIF anunció ya que no considera vinculante la consulta.

Los trabajadores de los juzgados celebrarán asambleas el próximo martes para conocer de primera mano el contenido de la oferta del Gobierno y un día después la votarán en referéndum, por partidos judiciales. Elena Pérez, la portavoz de los cinco sindicatos -CC OO, UGT, ELA, LAB y CSIF- que de manera unitaria han impulsado las medidas de presión, aseguró ayer que, a pesar del avance que supone aquélla, "la decisión de desconvocar la huelga la tomarán los trabajadores".

El resultado de la consulta, sin embargo, no vinculará a la CSIF, tal y como advirtió su portavoz, Fernando Abad, durante la reunión que, durante de hora y media, mantuvieron ayer los sindicatos con el Departamento de Justicia. De esa manera, CSIF (el segundo sindicato, con el 26% de representación), tiene las manos libres para mantener la huelga si el resultado de la consulta es la desconvocatoria, o para abandonarla, si sus afiliados así lo deciden.

Todas los sindicatos valoraron el esfuerzo hecho por el Ejecutivo con su última propuesta, aunque reiteraron el importante obstáculo que supone que "no reconozca el derecho a la equiparación" salarial con el resto de empleados de la Administración. Sin embargo, censuraron que haya esperado doce jornadas completas de paro, a ponerla sobre la mesa. A la reunión asistió el titular de Justicia, Joseba Azkarraga, que durante la huelga se ha mantenido al margen de las negociaciones.

Trienios de interinos

Como aspectos positivos aprecian que la respuesta contiene dos de sus reivindicaciones: el mantenimiento de la flexibilidad de horarios y el reconocimiento de la antigüedad de los interinos, es decir, el pago de los trienios, en igual cuantía que los del resto de la Administración. "Es una oferta digna de someterse a votación", indicó Pérez, pese a que no satisface algunas demandas básicas.

El viceconsejero de Justicia, Josu Sagasti, defendió que incluye "avances y medidas económicas que suponen de hecho la equiparación".

Los sindicatos estiman en un 12% el incremento salarial necesaria para igualar el nivel medio de los salarios más bajos de la Administración autonómica. Justicia ofrece un 6,5%, un punto más que la anterior oferta, aunque la subida resultante, al incorporar otro tipo de mejoras, podría ser algo mayor.

El Gobierno vasco sólo tiene capacidad para incrementar su salario a través del complemento específico, dado que el personal de los juzgados está integrado en los cuerpos estatales, cuyo salario base corresponde fijarlo a la Administración central.

La propuesta del Ejecutivo supone un aumento de 1.565 euros a los funcionarios del cuerpo de Gestión, 1.343 para los del de Tramitación y 1.208 para los de Auxilio Judicial. Esas cuantías serían abonadas en dos plazos: el 60%, a la firma del acuerdo, y el 40% restante, el próximo año, cuando se apruebe la relación de puestos de trabajo.

El coste presupuestario del alza llegará a 2,53 millones, mientras que la totalidad del acuerdo está valorado en 5,2 millones. Los empleados con menor retribución por destino (un total de 879) tendrán una compensación de 222 euros.

Azkarraga, presente por primera vez en la mesa de negociación, se comprometió a respetar la cuantía de los trienios que paga el Ministerio de Justicia, "sin establecer ningún descuento o compensación", a pesar de que son superiores a los establecidos por la Administración autonómica para su personal. El pago de la antigüedad al personal interino, "con igual cuantía que los trienios del Gobierno vasco", está condicionada a que se llegue a un acuerdo de base sobre la propuesta.

En ese caso, Justicia negociará con las centrales el número de plazas que se ofertarán en la OPE de puestos genéricos, así como las bases de los criterios para el proceso de valoración de los puestos de trabajo que el Gobierno quiere iniciar a fines de 2007 o principios de 2008, a partir de la implantación de la nueva oficina judicial.