Un juez investiga si la empresa estafó a decenas de compradores

La promotora Bitango, además de acumular 80 expedientes sancionadores del Gobierno regional, está siendo investigada por un juez por estafa y alteración ilegal de precios de viviendas. En concreto, por hilvanar "un montaje" para cobrar viviendas de protección oficial, de precio tasado, entre un "30% y un 40%" más caras.

Esta firma, según las diligencias, captaba a decenas de compradores de viviendas (normalmente parejas jóvenes de la zona suroeste) y, bajo "un artificioso montaje", les obligaba a ponerse en manos de una suerte "de comunidad de gestión" que cobraba suculentas minutas por sus trabajos. Los denunciantes aseguran que Bitango conseguía con ello burlar la ley que impone que en determinados solares sólo puedan levantarse casas de protección oficial y a un precio limitado.

Las pesquisas las lleva el Juzgado de Instrucción 32 de Madrid y son fruto de una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid, que dirige el fiscal Emilio Valerio, y la denominada Asociación Alarma.

Bitango es la firma que junto a la empresa Esprode y el Ayuntamiento de Ciempozuelos constituyó la sociedad Prosci y denunció ante un juzgado de Valdemoro que directivos de ocho sociedades pretendían supuestamente apropiarse de 152 fincas en el municipio. Los dos ex alcaldes socialistas de esta localidad, Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro, están encarcelados por un presunto delito de cohecho.

Según el fiscal Valerio, Bitango ha podido "incumplir los baremos de precios mínimos de viviendas de protección oficial", y existe al respecto jurisprudencia del Tribunal Supremo que incardina estas prácticas en el artículo 284 del Código Penal. Éste establece "penas de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses, a los que, difundiendo noticias falsas, empleando violencia, amenaza o engaño o utilizando información privilegiada, intentaren alterar los precios".