Detenidos 37 empresarios de Albacete por hacer contratos falsos a 504 marroquíes

La policía ha cerrado una operación contra una red asentada en Villarrobledo (Albacete, 25.000 habitantes) que cobraba hasta 9.000 euros a 504 inmigrantes marroquíes a cambio de falsos contratos de trabajo con los que podían legalizar su situación en España. El eje era una gestoría que reclutaba a los empresarios, captaba a los extranjeros a través de intermediarios y tramitaba los permisos de trabajo y residencia. La Brigada de Extranjeros de Albacete detuvo a 37 empresarios, dueños de bares y comercios, que habrían cobrado una media de 2.000 euros por contrato. Nadie ha ido a prisión.

La operación comenzó el 13 de enero, cuando los agentes supieron que la asesoría cobraba hasta 9.000 euros a los extranjeros a cambio de un trabajo que nunca llegaban a ejercer. Los falsos contratos sólo servían para obtener un permiso de trabajo, ser dado de alta en la Seguridad Social y obtener el permiso de residencia, todo pagado por los extranjeros.

El cerebro era el dueño de la gestoría, que pedía los contratos a pequeños empresarios con los que tenía contacto. Los industriales cobraban entre 1.200 y 4.800 euros por cada contrato falso que presentaban. El negocio era tan redondo que algunos de los empresarios convencían a familiares para presentar ofertas de empleo de servicio doméstico para incrementar las ganancias.

Los inmigrantes eran captados en Marruecos por intermediarios de esa nacionalidad, que incluso empujaron a sus víctimas a vender o hipotecar las casas de sus familias para lograr un contrato para cumplir su sueño de entrar legalmente en España. La operación policial ha permitido detener a 37 empresarios y a 13 intermediarios. Entre todos habían regularizado de forma fraudulenta a 504 inmigrantes, la inmensa mayoría, marroquíes. La red habría ganado en los dos años en que ha estado operando unos 4,5 millones de euros.

La operación conllevó el registro en dos asesorías de Villarrobledo y en otra de la vecina localidad conquense de San Clemente. Las víctimas eran contratadas en dichas localidades, pero también en las de Munera y Minaya (ambas de Albacete). Todos los empresarios fueron puestos en libertad por la policía tras tomarles declaración, mientras que los gestores y los intermediarios fueron puestos en libertad con cargos por la autoridad judicial.