Imputados un alcalde y dos ediles del PP por delitos urbanísticos ligados al Valencia

El Juzgado de Instrucción número 5 de Llíria (Valencia) ha citado a declarar como imputados al alcalde de Riba-roja, el popular Francisco Tarazona, y a otros dos ediles del PP, sobrinos suyos, por supuestas irregularidades relacionadas con el proyecto urbanístico de la futura ciudad deportiva del Valencia CF. La imputación se produce tras la presentación de una denuncia de dos concejales socialistas de contra los imputados por prevaricación, delito contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias, fraude y uso de información privilegiada.

El auto del juez en el que llamó a declarar como imputados al alcalde popular de Riba-roja, Francisco Tarazona, y los ediles su grupo José Vicente Tarazona y Cristina Vázquez Tarazona, se basó en una denuncia presentada el pasado 2 de agosto.

La denuncia se formalizó tras la aprobación del Programa de Actuación Integrada (PAI) de Porxinos, en cuyos terrenos tiene previsto el Valencia CF levantar su futura ciudad deportiva. Los socialistas afirman en su denuncia que "alrededor de la gestión urbanística municipal se ha tramado una red de inmobiliarias y empresas dedicadas directa e indirectamente al urbanismo y a la compraventa de inmuebles que tiene su centro en el alcalde y se ramifica a los familiares más directos de éste".

El PAI de Porxinos -calificado de "pelotazo" por el propio presidente del Valencia, el promotor Juan Soler, que reconoció haber ganado 130 millones de euros en la operación- prevé la construcción de la nueva ciudad deportiva del club y la edificación de una zona residencial con 2.700 viviendas sobre 1,2 millones de metros cuadrados agrícolas. El PAI es, por ahora, el único que ha aprobado el nuevo consejero de Territorio, Esteban González Pons, que ratificó el pasado mes de julio el acuerdo que había alcanzado su antecesor, Rafael Blasco, con el presidente del Valencia y el alcalde de Riba-roja (17.000 habitantes a 20 kilómetros de la capital).

Durante la tramitación del polémico PAI se descubrió que la madre del alcalde era titular de cuatro parcelas, lo que obligó a Francisco Tarazona a desgajarlas de la operación urbanística. Los socialistas aseguran que otros familiares del alcalde habrían utilizado información privilegiada sobre los planes urbanísticos para comprar terrenos en el área de influencia de Porxinos, parte de los cuales recaerían dentro de otros PAI que todavía no habían sido adjudicados.

En la denuncia se relata también que la esposa del sobrino del alcalde y concejal denunciados, José Vicente Tarazona Campos, es administradora única de una inmobiliaria (Van Tres Servicios Inmobiliarios, SL) que realiza habitualmente sus operaciones en Riba-roja. Tarazona Campos fue designado miembro de la asamblea de Bancaja el pasado jueves por las Cortes Valencianas a instancias del PP. La hermana de la otra concejal denunciada, Cristina Vázquez Tarazona, es empleada de la mercantil Mafort, SA, adjudicataria de uno de los PAI del municipio.

El PAI de fue Porxinos fue homologado por la Generalitat con los informes en contra de la Confederación del Júcar, que no garantizó el abastecimiento de agua.