Entrevista:ARTURO CANALDA | Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid

"Algunas condenas a menores tendrían que ser más duras"

Lo primero que instaló en su despacho fueron unas fotos gigantes de sus seis hijos hechas por él. Mientras posa, Arturo Canalda, flamante Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, mantiene con el fotógrafo una rápida conversación sobre técnicas y marcas de cámaras. Tiene 40 años y los últimos 10 los ha dedicado al Partido Popular: desde que empezase a trabajar con Esperanza Aguirre en el Ministerio de Educación hasta hace unos días, en que dejó de ser viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y entregó su carné del partido para convertirse en el único Defensor del Menor que hay en España.

Durante esta década ha trabajado en las tres administraciones y entre otras tareas, que repite de corrido, ha sido gerente del 112, del Canal de Isabel II, y jefe de la Policía Municipal. Duerme tres horas y media al día. Así, el fin de semana anterior a su incorporación, el pasado lunes, ya se había leído un grueso informe sobre la situación de los niños. Sus primeras opiniones sobre los temas más polémicos que competen a los derechos de los menores difieren de las de su antecesor, Pedro Núñez Morgades. Sobre el reciente apoyo de los fiscales a que se castiguen con penas de cárcel, como delito de atentado, las agresiones a maestros, antes de pronunciarse ha preferido esperar a ver qué es lo que dice exactamente la instrucción de la Fiscalía de Cataluña.

"El problema que más me preocupa es de las separaciones traumáticas, que los padres usen a sus hijos como armas arrojadizas"
"Si un juez estima que lo mejor es que un chico de un reformatorio pase a prisión al cumplir los 18, no tengo argumentos para decir que no se haga"

Pregunta. ¿Ha sido duro llegar a este puesto sin consenso?

Respuesta. Habría sido mucho más duro que la oposición se hubiera abstenido. Pero ellos votaron a su candidato, que es el secretario general de esta casa [José Antonio Luengo]. No voy a condicionar mi actividad como defensor por pensar de una determinada manera, ni por haber pertenecido al PP. Los niños no tienen color político. Algunas decisiones que tome irán en contra, seguro, de lo que hace mi propio partido en el Gobierno y, en otras ocasiones, de lo que hace el partido de la oposición en el Gobierno central.

P. ¿Qué opina de la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor que está concluyendo en el Parlamento, y que implica un endurecimiento de las sanciones?

R. La ley de 2000 no ha funcionado porque no iba acompañada de una memoria económica. Esto supone que las comunidades han tenido que hacer inversiones que no todas han afrontado con la misma solvencia. Durante estos años, algunos delitos cometidos por menores han creado una gran alarma social, por lo que a muchos, entre los que me encuentro, nos gustaría que las condenas fueran más duras. Algunas tendrían que ser más duras. No discuto que sea conveniente la reforma.

P. Pero si el problema es que no ha habido medios económicos para desarrollar la ley, ¿por qué la solución está en agravar las penas?

R. Bueno, es que también hay que dotar de recursos a la nueva ley para que se pueda cumplir. Es nuestra obligación.

P. Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la posibilidad de que los menores internados sean enviados a la cárcel al cumplir 18 años, medida con la que su predecesor estaba en contra.

R. No puede primarse en ningún caso el derecho de la persona agresora frente al derecho del no agresor, el que no comete ningún delito. En el ámbito de los menores es cierto que cualquier pena debe llevar aparejada una labor de reeducación, pero los jueces tienen la suficiente preparación como para determinar cuándo un chico tiene que ir a la cárcel.

P. ¿Tiene sentido invertir en reeducar a un niño durante algunos años en un centro para luego enviarlo a la cárcel a los 18?

R. Si los jueces estiman que lo mejor es que el chico pase a prisión, no tengo argumentos para decir que no se haga. Además, hay que tener muy en cuenta la tipología del delito, si ha cometido un delito grave, de los que crean una gran alarma social.

P. Más de 83% de los reformatorios, las cárceles de menores, están gestionados por asociaciones sin ánimo de lucro en Madrid y Andalucía. ¿Está de acuerdo con esta privatización?

R. Hay que matizar. Cuando hablamos de privatización estamos hablando de la gestión del servicio, pero éste se está financiando con fondos públicos. Muchas veces, las administraciones disponen de medios insuficientes y hay que recurrir a la iniciativa privada. No hay nada que nos haga pensar que el servicio que prestan estas asociaciones sea malo.

P. Sería impensable que las cárceles estuvieran en manos privadas, y en los reformatorios se ejecutan las medidas de privación de libertad de los menores, el colectivo más vulnerable.

R. Pero el régimen es distinto. En los centros de menores hay regladas actividades y pautas de conducta que los internos están obligados a seguir. Insisto. A priori no tengo nada en contra de la gestión de estas entidades.

P. Su antecesor abrió una puerta a la integración de los Latin Kings y Ñetas, como en Cataluña. A esa reunión el Gobierno regional no acudió.

R. No veo esa integración. Hay que tener cuidado con las bandas, por el ejemplo que generan en los jóvenes, que muchas veces no tienen formado un criterio sólido y que pueden querer pertenecer a una banda para suplir carencias de otro tipo.

P. Según varias asociaciones, se está repatriando de forma sistemática a menores inmigrantes, sobre todo en Madrid, sin atender a su situación en su país de origen. Los jueces han paralizado varias con el chico ya en el avión. ¿Cuál su opinión sobre este conflicto entre política migratoria y protección de menores?

R. Aquí lo que hay es una nefasta política de inmigración por parte del Gobierno y que estamos pagando las comunidades autónomas. Todas. Con independencia de color político. Como Defensor del Menor lo que tengo que decir es que tenemos que proteger los derechos de los menores. Pero el origen del problema es una imprevisión del Gobierno central.

P. El Consejo de Europa exige que España cambie la ambigüedad legal que permitiría el castigo físico a los niños: el derecho a "corregir moderadamente" que recoge el Código Civil.

R. Estoy de acuerdo con que se cambie si supone una duda. Pero hay que tener en cuenta que es un artículo escrito en el siglo XIX. Si alguien lo interpreta hoy como la posibilidad de castigar a los menores, es un error garrafal.

P. ¿Qué es lo primero que va a hacer como Defensor?

R. Trabajar en tres líneas: intentar que las familias se impliquen en la educación de los niños, recuperar el protagonismo del profesor, para que vuelva a tener un papel fundamental en la educación de los hijos. Falta disciplina. Y actuar sobre el uso y abuso de las nuevas tecnologías.

P. ¿Lo que más le preocupa?

R. Las familias desestructuradas y las separaciones traumáticas, que han generado que los niños sean usados como armas arrojadizas por sus padres. Porque cada vez hay más divorcios.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0016, 16 de noviembre de 2006.

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