400 chalés rurales sin licencia en Tibi

El Ayuntamiento de Tibi concluyó en 1976 la aprobación del plan parcial para la urbanización de la Finca Terol. La urbanización estaba formada en un principio por 1.000 parcelas en el anteproyecto, que fueron dobladas a 2.200 parcelas por una modificación que introdujo el entonces equipo de gobierno, presidido por Ángel Galiano del Partido Popular.

La Finca Terol ocupa un área de 2,3 millones de metros cuadrados en una zona de suelo para urbanizar dentro del término municipal de Tibi. Allí comenzaron a construirse 400 viviendas, algunas de las cuales aún carecen de la pertinente licencia de obras. La mayor parte de sus residentes son vecinos de Alicante que encontraron en esta área rural un lugar donde adquirir una segunda residencia para el tiempo libre o veranear.

La comunidad de propietarios del complejo residencial de la Finca Terol de Tibi interpuso una denuncia contra el anterior gobierno por un presunto delito de prevaricación, por decretar la suspensión de la actividad urbanística previa a la tramitación de un plan integral para dotar la zona de los servicios públicos, aceras, asfaltado, red de alcantarillado o desagüe de vertidos residuales, de los que carecía. La denuncia fue remitida en primera instancia al Fiscal Jefe de la Audiencia de Alicante, José Antonio Romero, que tras estudiarla la trasladó al juzgado de guardia para que investigase las posibles irregularidades en la actuación del primer edil.

Los vecinos entienden que el Ayuntamiento actuó sin mediar la tramitación de un expediente administrativo que justificase esta paralización de las obras. Ángel Galiano, entonces alcalde, justificó que la mayoría de las viviendas de esta finca carecía de licencia de obras y estaba eludiendo el pago de los impuestos municipales. Su intención era frenar las licencias de obra mayor hasta que se programasen los servicios y se diseñaran los viales. El Tribunal de Cuentas del Ayuntamiento de Tibi también detectó deficiencias e irregularidades en la regulación urbanística que afectaba a los impuestos sobre bienes de naturaleza urbana, contribuciones y tasas y precios públicos por servicios complementarios.

El alcalde de la localidad, Jesús Ferrara del PSPV-PSOE, ha condicionado la continuidad de la actividad urbanística a la decisión que tome el juez sobre el contencioso administrativo interpuesto por los vecinos. Ferrara añadió que los agentes de la policía local vigilan día y noche para controlar cualquier actividad urbanística y evitar que proliferen la de carácter ilegal en la población.