La Junta dice que su política urbanística no será creíble mientras no se derriben obras ilegales

"Mientras sigan en pie Las Beatillas y Montenmedio, vamos a tener un problema de credibilidad". Así se expresó ayer el delegado de la Junta en Cádiz, José Antonio Gómez Periñán, quien está convencido de que estos dos complejos turísticos, el primero en El Puerto de Santa María y el segundo en Barbate, será demolidos, tal y como ha ordenado la Consejería de Obras Públicas y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Gómez Perinán pidió a sus promotores que tomen ejemplo de los ciudadanos que han decidido derribar sus casas en El Palmar (Vejer) de forma voluntaria.

Sobre las Beatillas, un centro de congresos, pistas deportivas y zona de celebraciones, la Junta está pendiente de un recurso de queja de la empresa promotora Jale, en el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo que daba la razón al Gobierno andaluz en su intención de demoler el complejo. La Junta ordenó el derribo de Las Beatillas por considerar que las obras se realizaron en suelo urbanizable no programado de la sierra de San Cristóbal y se ejecutaron "sin licencia". De aquello han pasado más de tres años. Sobre Montenmedio, está pendiente de recurso ante el Supremo un auto del TSJA que desestimó a su vez los recursos de súplica de la promotora y del Ayuntamiento de Barbate en contra de otro auto del mismo tribunal que ordenaba el derribo de la casa-club en base a una sentencia de 1999, que declara ilegal su construcción.

Gómez Periñán explicó que la tardanza en ejecutarse estas sentencias se basa en la gran capacidad económica de los promotores. "Son personas que tienen recursos suficientes para recurrir y recurrir cuantas veces quieran. Nuestro estado de derecho es muy garantista y les está permitiendo mantener esas edificaciones en pie más tiempo del que a la justicia y la Junta le gustaría".

El delegado aseguró que los promotores de Las Beatillas, José Antonio López Esteras, y de Montenmedio, Antonio Blázquez, deberían tomar ejemplo de Rosendo Bonillo, el empresario de la fruta de Conil que hace unas semanas decidió derribar de forma voluntaria sus cinco chalés de El Palmar (Vejer). "Ojalá ambos pudieran coger ese camino. Ese camino le vendría bien a todo el mundo", dijo.

Precisamente ayer se produjo un segundo derribo voluntario en la misma zona de El Palmar. Una sociedad mercantil propiedad de una finca próxima a la playa demolió la ampliación irregular de una casa sobre la que existía un expediente de paralización de obra de la Delegación provincial de Medio Ambiente. Sus promotores prefirieron tirar la nueva edificación de forma voluntaria, sin esperar a orden judicial, para evitar sanciones y problemas burocráticos.

Gómez Periñán también arremetió contra el Ayuntamiento de Barbate, gobernado por el PP y el PA, que se ha sumado al recurso para impedir el derribo de la casa-club de Montenmedio. "Ese ayuntamiento tendría que haber derribado ya esa edificación y no estar utilizando distintos mecanismos, que serán legales, para retrasarlo pero ésa es la política del PP, que tendrá que dar explicaciones de por qué no quiere que se restituya la legalidad en el caso de Montenmedio".

El delegado está convencido, a la espera de las resoluciones judiciales, que los derribos se acometerán. "No tengo ninguna duda de que finalmente los tribunales van a darle la razón a los tribunales. Las sentencias están muy bien fundamentadas y las últimas instancias judiciales acabarán dándole la razón a las primeras y, por tanto, será irremediable que estas edificaciones tengan que derribarse". Lamentó, además, que durante este tiempo que se han mantenido en pie estas construcciones "los que están detrás explotando estos negocios han ganado una serie de años".

Gómez Periñán se mostró convencido de que el incremento de medios de inspección contra construcciones irregulares permitirá reducir la proliferación de casas sin licencia. También respaldó la labor de la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz y negó que durante muchos años la Junta haya sido permisiva con estos crecimientos. "Tenga en cuenta de que muchas de las sentencias que se van conociendo ahora son consecuencia de denuncias que ha puesto la Junta de Andalucía. En el momento en que tenemos conocimiento de construcciones ilegales, intentamos que no continúen, se presentan las correspondientes denuncias en los juzgados y son a ellos a los que les corresponden paralizarlos. Nosotros tenemos la conciencia perfectamente tranquila de que hemos actuado con los medios que teníamos y con todas las posibilidades que teníamos en todos los momentos".