Roca niega al juez que sus informes urbanísticos fueran vinculantes

El ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y supuesto cerebro de la red de corrupción, Juan Antonio Roca, restó ayer importancia a su poder sobre los convenios urbanísticos, y alegó que éstos eran revisados por la Junta, organismo que les daba el visto bueno definitivo según su versión. "Mi tarea era dar informes que no eran vinculantes porque se remitían a la Junta, que podía decir si estaban bien o mal", declaró Roca ante la juez, según explicó su abogado José Anibal Álvarez.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Marbella, Carmen Rodríguez Medel, tomó ayer declaración a Roca por la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en convenios urbanísticos. Roca, quien negó haber firmado ningún convenio y aclaró que su labor se limitaba a la elaboración de dichos informes, declaró durante tres horas. El ex asesor fue interrogado sobre ocho convenios urbanísticos firmados en los años 1997, 1998 y 2000, y defendió que el fallecido alcalde marbellí Jesús Gil era quien mandaba en el consistorio. En dicha querella, el fiscal destaca que el Ayuntamiento de Marbella dejó de percibir alrededor de 136 millones de euros debido a valoraciones irregulares de terrenos tras los convenios urbanísticos firmados por el ex alcalde Julián Muñoz.

Roca siempre ha mantenido que todos los convenio urbanísticos se enviaban a la secretaria y que ésta debía enviarlos al órgano competente -comisión de gobierno o pleno- para que se aprobaran, y posteriormente era el pleno municipal el que lo remitía a la Junta para que emitiese un informe después de que sus servicios técnicos los estudiaran.

Según Roca, la Junta conocía los convenios de permuta y de aprovechamiento, y a pesar de ser conocedora de estos convenios urbanísticos, éstos en ocasiones eran impugnados y a veces no.

El ex asesor volverá a declarar mañana por la misma querella, presentada por la Fiscalía por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos contra el ex alcalde Julián Muñoz, Roca y el tasador José Mora, a quienes les atribuye irregularidades en convenios sobre permutas y tasación de terrenos.

En la querella, el Ministerio Público concluye que Muñoz y Roca aparecen como "artífices de una maniobra tendente a enajenar los inmuebles del Ayuntamiento a precios muy inferiores a los del mercado, sin que se haya podido averiguar hasta el momento qué clase de contraprestación han podido obtener a cambio". La querella responde a las diligencias iniciadas en enero de 2005, después de que el Tribunal de Cuentas remitiera el Informe de Fiscalización del Ayuntamiento y sus sociedades municipales en los años 2000 y 2001, al observar "indicios de responsabilidad penal".