Chamizo apoya las demoliciones y la Junta insiste en que pedirá el derribo de hasta 5.000 viviendas

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, apoyó ayer la petición de la Junta de demoler 334 viviendas en siete promociones de Marbella cuyas licencias fueron anuladas por sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Chamizo aseguró que su posición es que "se haga lo que dicte la Justicia, por muy lamentable que sea" para los propietarios de los inmuebles.

En este sentido, insistió en que habrá que estudiar la situación de cada titular y "comprobar si estas personas han sido engañadas". Chamizo precisó que será la Justicia "la que deberá estudiar las alternativas" y tener en cuenta "los derechos de los propietarios".

La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, insistió que la Junta exigirá la demolición de todas las edificaciones ilegales construidas en espacios reservados a equipamientos públicos en Marbella, que suman unas 5.000 viviendas, una vez que exista sentencia firme.

Gutiérrez, quien presidió la sexta edición de los premios europeos de Urbanismo, explicó a los periodistas que el Ejecutivo andaluz tramitó 430 recursos entre 1995 y 2006 contra decisiones tanto de los equipos de gobierno de Marbella del Grupo Independiente Liberal (GIL) como de los formados por sus sucesores.

Un total de 39 de esos 430 expedientes afectan a las "situaciones más graves" de edificabilidad ilegal en Marbella y ya han sido resueltos por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), algunos de ellos con sentencias firmes.

Según dijo la consejera, se trata de unas 5.000 viviendas construidas en terrenos reservados a equipamiento público y estructuras de la ciudad, como zonas verdes, colegios o calles, "que pertenecen a todos los ciudadanos y no a los que viven allí". "Alguien se ha apropiado de estos terrenos y hay que buscar la restitución de los espacios verdes, calles y equipamientos", añadió.

Gutiérrez señaló que la Junta exigirá la demolición de "todos los edificios que estén en sitios que pertenecen al conjunto de la ciudadanía y que son básicos para articular una ciudad".

La consejera afirmó que "hay que exigir la ejecución de las sentencias porque es así como debe llevarse a cabo el cumplimiento de la ley" ya que, de forma contraria, "resultará que nadie se tome en serio la legislación, y no todo vale en urbanismo", matizó.

Por otra parte, la consejera agradeció el "plan de limpieza" realizado por las autoridades policiales y judiciales en Marbella "porque cualquier proyecto de futuro necesita esta limpieza".

Fuentes judiciales explicaron ayer que el Ayuntamiento de Marbella es la administración competente para ejecutar las sentencias firmes que anularon licencias o acuerdos del Consistorio respecto a las 334 viviendas si finalmente el TSJA decide que se derriben, como pide la Junta. Las fuentes precisaron que debe haber una resolución en los próximos meses, aunque algunas veces se producen complicaciones.