La maldición de Banana Beach

"¿Cómo van a tirar mi casa si me la ha vendido una promotora, tiene la licencia de primera ocupación, luz, agua, de todo, la he registrado en el notario, y pago impuestos por ella?" se preguntaba ayer un jubilado vasco que tras su retiro decidió instalarse en la Costa del Sol y adquirió un piso en el complejo Banana Beach.

Y es que la petición que la Junta ha hecho al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de que ordene la demolición de 334 viviendas construidas con licencia ilegal en suelos que estaban reservados para equipamiento público ha metido la zozobra a sus compradores.

También descreimiento, porque hay quien sostiene que una medida así es sencillamente imposible. Es el caso del conserje de Banana Beach, conjunto residencial con 238 viviendas, la mayoría de las cuales permanece deshabitada en invierno. "Creo que no, de tirar nada, se le están buscando tres pies al gato, han puesto la cabeza de turco en esta urbanización y nada más", argumenta.

El conserje se muestra incrédulo porque no es la primera vez que se habla de Banana Beach. En abril de 2004, la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA dictó sentencia que declaraba nula la licencia de obra otorgada por el Ayuntamiento de Marbella ocho años antes sobre un suelo calificado como sistema general de áreas libres. Ya entonces, cuando la promotora aún no había vendido todos los pisos. la noticia causó inquietud a los vecinos que capearon unos días una avalancha de reporteros.

Un año después, Julián Muñoz y otros seis concejales se sentaron en el banquillo de los acusados en el primer juicio por lo penal por prevaricación urbanística en Marbella por la licencia de Banana Beach y fueron condenados a seis meses de prisión. La sentencia también declaraba nula la licencia, y de nuevo la inquietud.

Ahora, pasados otro año y medio más, Banana Beach vuelve a estar en el punto de foco por la petición de ejecución de sentencia de la Junta. Para algunos, como el conserje, puede ser el cuento del lobo. Otros ven ahora una amenaza más seria. Es el caso de David, que tiene en venta un piso en la urbanización. "Con la que está cayendo en el urbanismo, se están pidiendo sanciones ejemplarizantes, y puede ser que ahora sí se puedan tirar los edificios, pero si no fuera por eso, estoy seguro de que no se derriba. Me da un poco de miedo, ahora sí hay más incertidumbre", explica.

Lo que dice no comprender es que al final se traslade el pago de los incumplimientos a personas que han actuado de buena fe comprando sus viviendas, como el caso del jubilado vasco. "En algunos pisos ha habido ya segundas y terceras transmisiones y no puede ser que pague el pato el usuario", argumenta y opina que habría que introducir correcciones en el sistema para algo que en principio parece tan sencillo como que "no se permita construir un edificio que no se puede construir".

El administrador del edificio asegura que los vecinos "están alarmados", e insiste en los argumentos de David. "Actuaron de buena fe, compraron una vivienda que tenía una licencia concedida por el Ayuntamiento y en el registro de la propiedad no constaba ningún problema. En los próximos días, los vecinos estudiarán acciones a emprender para defender sus intereses en el procedo de ejecución de sentencia que debe iniciar el TSJA.

El presidente de la gestora municipal, Diego Martín Reyes, dijo ayer estar también preocupado por la situación, pero se mostró fiememente convencido de que "las sentencias deben ejecutarse", y dijo que en otras poblaciones donde haya sentencias firmes que anulen licencias también habrá demoliciones. No se trata de un problema exclusivo de Marbella, pero sí tiene en esta ciudad una dimensión especial, porque hay más de 400 impugnaciones de licencias sobre pendientes aún de sentencia.

Pero como nunca llueve a gusto de todos, siempre hay quien saluda la posible demolición no como una amenaza, sino incluso como una posibilidad de negocio. Es el caso de un ciudadano húngaro que posee ocho viviendas en el complejo y que hace su particular cuenta de la vieja. "No es una mala noticia, porque me pagarán un montón de dinero. Las viviendas ahora valen aproximadamente el doble del precio en el que las compré", aprecia.

Un piso de dos dormitorios en Banana Beach puede costar ahora unos 270.000 euros y 350.000 si tiene tres dormitorios. "Es un sitio muy apreciado porque está en primera línea de playa y muy bien", afirma una agente inmobiliaria.

En Río Real, donde la Junta ha pedido la demolición de 30 casas, también junto a la playa, la promotora tiene aún algunas en primera venta por precios que alcanzan hasta 1,9 millones de euros.