La Junta pide al TSJA que ordene el derribo de 334 viviendas ilegales en Marbella

La Junta va a pedir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que dicte una orden de demolición para 334 viviendas de Marbella cuyas licencias municipales de obras han sido anuladas en sentencias firme porque incumplían el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Se trata de una medida extrema que la Junta justifica por la "extrema gravedad" de la situación. La inmensa mayoría de las casas afectadas ya se encuentran habitadas, algunas desde hace años. Desde hace 10 años, la Junta ha impugnado en los tribunales 430 licencias de obras en Marbella.

La normalización urbanística que la Junta pretende en Marbella con el nuevo PGOU contempla que unas 25.000 de las aproximadamente 30.000 casas que se estima han sido construidas en los últimos años contrarias al plan podrían ser legalizables. Entre los casos considerados más graves que no son susceptibles de normalización se encuentran estas 334 viviendas. "Los equipamientos públicos son los atributos más sagrados de una ciudad y bajo ningún concepto puede construirse en ellos", explicó ayer el director de la Oficina de Planeamiento de Marbella, José María Ruiz Povedano.

El Tribunal Supremo ya ha hecho firmes las sentencias que en su día emitió el TSJA anulatorias de las licencias de obras de las siete promociones que abarcan estas 334 viviendas. El procedimiento de lo contencioso-administrativo establece que cuando una sentencia ya no es recurrible, la parte ganadora del recurso puede pedir la forma en que quiere que se ejecute la sentencia.

Y la Junta, que puso los recursos contra estas licencias, ha optado por la medida más drástica, la de "restituir la realidad física alterada". En los siete casos, las promociones se alzaron en suelos que el PGOU preservaba como sistema general e equipamientos o zonas verde.

La medida está llamada a abrir un intenso debate social, toda vez que la inmensa mayoría de las casas declaradas ilegales están ya habitadas por sus compradores. La Junta pidió en su día al tribunal que ordenara la suspensión cautelar de las obras en tanto dictaba sentencia, pero la sala la denegó.

La mayoría de las viviendas, 238 se encuentran en el conjunto Banana Beach. Por la concesión de esta licencia hubo también un procedimiento penal por el que el ex alcalde Julián Muñoz y otros siete ex concejales fueron condenados a seis meses de prisión. Banana Beach fue construida por Turismo y Recreo Andaluz, sociedad del grupo que preside José Ávila Rojas, imputado en la Operación Malaya por pagar comisiones ilegales.

La Junta también pide el derribo de cuatro bloques de los 10 que forman la urbanización Río Real, que suman 30 viviendas; seis casas pareadas en la urbanización Huerta Velón construidas por Moansa; un edificio con 35 viviendas en la avenida de El Trapiche, 24 apartamentos con piscina en Cerrado de Elviria; y un chalé en Los Manchones Alto de Propiedades Jarpa en suelo forestal protegido. También se pide la demolición de una nave industrial para material de construcción en La Juanita

Además, la Junta va a pedir la inscripción en el Registro de la Propiedad de otras dos sentencias firmes que afectan a obras que aún no se han iniciado, una promoción de 13 viviendas a Invest-Arcela y un edificio de almacenes y oficinas.