Anulado el cierre de una televisión cuya frecuencia ocupó Telemadrid
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nulo el cierre de la emisora local Duson TV, cuya frecuencia (el canal 40) fue utilizada por Telemadrid para emitir la programación de su segundo canal (La Otra). El tribunal afirma que la medida cautelar adoptada por la Comunidad de Madrid el 14 se septiembre de 2005 vulnera "el derecho fundamental de defensa en relación con el derecho a la libertad de expresión" de la Fundación Golden Clover, que explotaba el canal Duson TV, gestionado por un ciudadano de origen coreano.
La Comunidad de Madrid desalojó de su frecuencia a Duson TV para albergar, al día siguiente, las emisiones del segundo canal de Telemadrid, pese a que la televisión pública no tenía autorización del Ministerio de Industria para pasar sus emisiones digitales al sistema analógico, el mismo por el que se reciben las televisiones públicas y privadas convencionales.
La sentencia pone de relieve que Duson TV -que emitía programas sobre cultura y medicina oriental- carecía de la correspondiente autorización para emitir, pero afirma que la Administración "ha estado tolerando la actividad de la emisora al menos desde siete años antes, y era, sin duda, conocedora de la carencia de título a través de la inspección y las visitas practicadas".
El tribunal sostiene que la medida de cierre cautelar decretada por la Secretaría General del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid "carece de toda motivación" y omite "la práctica de un previo requerimiento". Esta circunstancia "priva al interesado de formular alegaciones" antes de que cese su actividad e imposibilita "una adecuada articulación de su defensa". La sentencia considera que se ha vulnerado el derecho a la defensa en relación al derecho a la libertad de información "cuya privación sin justificación aparenta ser arbitraria".
Los tribunales tienen sobre la mesa otros recursos presentados por la Asociación de Televisiones Locales de la Comunidad de Madrid. Su presidente, Francisco Pérez, dijo ayer que esta sentencia demuestra la actuación "parcial y arbitraria" del Gobierno regional presidido por Esperanza Aguirre.
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