La cleptocracia perfecta

La visita a España que inicia hoy el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, ofrece una excelente oportunidad para debatir acerca de los principios y realidades que inspiran nuestra política exterior. Una visita similar de Obiang a la Casa Blanca, en abril de este año, fue objeto de considerable polémica en Estados Unidos, por cuanto fue interpretada como un espaldarazo internacional al régimen guineano. Adelantándose a la polémica, el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha justificado la visita de Obiang argumentando que si los españoles queremos mantener relaciones con Guinea, "no hay más vía que el diálogo". ¿Pero sobre qué debe versar ese diálogo? ¿Sobre el acceso de las empresas españolas al petróleo guineano o sobre las condiciones de vida de los guineanos?

Guinea Ecuatorial recibió el año pasado 19 millones de euros de España en concepto de ayuda al desarrollo. Sin embargo, gracias a los beneficios derivados de la exportación de petróleo, es un país rico. La renta per cápita del país se sitúa en 20.510 dólares, lo que le coloca por delante de Portugal y a la par de Corea del Sur o Qatar. Esta riqueza proviene de la extracción de casi 400.000 barriles de petróleo diarios en un país de poco más de 500.000 habitantes. Sin embargo, su indicador de desarrollo humano (una medida que combina esperanza de vida, alfabetización y escolarización) sitúa a Guinea Ecuatorial en la posición 120, a la altura de países como Gabón. Esta disparidad tan abismal hace que sea el país del mundo con la brecha más grande entre renta per cápita y desarrollo humano.

La pregunta obvia es: ¿dónde está la riqueza del petróleo? En un documento hecho público por la organización Global Witness, el Ministerio de Justicia de Guinea certificaba en un litigio ante un tribunal de Johannesburgo que "los ministros y funcionarios de Guinea Ecuatorial están autorizados por ley a ser propietarios de compañías que, de acuerdo con compañías extranjeras, pueden concursar para obtener contratos gubernamentales que, caso de ser concedidos, pueden implicar la recepción de un porcentaje del contrato obtenido por dicha compañía extranjera". En virtud de este tipo de prácticas, el propio Obiang sería, según un extensísimo informe del Subcomité de Investigaciones Independientes del Senado de EE UU acerca de los depósitos del régimen guineano en el Banco Riggs (famoso también por gestionar las cuentas de Augusto Pinochet), propietario de la principal compañía de construcción de Guinea, del 25% de la planta de gas natural de Malabo y del 15% de Mobil Oil Guinea, entre otros activos.

Sobre la base de estos y otros datos similares, el Departamento de Estado de EE UU concluye en su informe anual de 2005 sobre Guinea que "la corrupción en todos los niveles del Gobierno representa un problema muy importante" y que "no existe evidencia de que los ingresos del petróleo estén beneficiando a la población". Por su parte, la organización Transparencia Internacional sitúa a Guinea entre los siete Estados más corruptos del mundo y la revista Forbes valora la fortuna personal de Obiang en 700 millones de dólares.

Estos niveles de corrupción son posibles gracias a la ausencia completa de libertades. Obiang ganó las elecciones presidenciales de 2002 con el 97% de los votos en unos comicios calificados por el Gobierno de EE UU como "fraudulentos y presididos por la intimidación". Organismos como Freedom House, Amnistía Internacional y el propio Departamento de Estado de EE UU ofrecen informes detallados sobre el deplorable estado de los derechos humanos en Guinea: detenciones indefinidas sin orden judicial, juicios sin garantías, condiciones de prisión inhumanas, corrupción policial y judicial, severísimas restricciones a la libertad de expresión, prensa y reunión, acoso constante a los opositores al régimen, inexistencia de derechos sindicales, y un largo etcétera.

La consideración de la corrupción como uno de los principales factores que mantienen sumidas en la miseria a millones de personas es hoy unánime. Elevar sustancialmente la ayuda oficial al desarrollo, como ha hecho este Gobierno, es una decisión loable, pero servirá de poco si no va acompañada de una política exterior rigurosa en cuanto a la promoción de la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. El Gobierno estadounidense, consciente de la dimensión que ha adquirido este problema, ha adoptado una "Estrategia Nacional para la Lucha contra la Cleptocracia" que incluye sanciones, un control más estricto de las transacciones financieras internacionales y un refuerzo de los convenios sobre transparencia, soborno y corrupción. Dicha iniciativa tiene como objetivo complementar y reforzar las medidas que se están tomando en contra de la corrupción en el ámbito del G 8, la OCDE y otras instituciones multilaterales.

Ha llegado pues la hora de que en España el Ministerio de Exteriores y la comisión de Exteriores del Congreso comiencen a tomarse en serio la promoción de estos objetivos y pongan en marcha mecanismos de supervisión y evaluación de los progresos realizados en esta materia.

Este Gobierno ha puesto a los ciudadanos y sus derechos al frente de la agenda política: también debe poner en primera línea de su política exterior los derechos de los ciudadanos de otros países a disfrutar de unos mínimos niveles de libertad y prosperidad. El mensaje simplista de que no se puede hacer nada y de que debemos de elegir entre petróleo y derechos humanos no sólo es cínico, sino falso. La visita de Obiang puede ser pues una excelente oportunidad para obtener compromisos tangibles en estas materias.

José Ignacio Torreblanca es profesor de Ciencia Política en la UNED.