"A ver qué juez se atreve a derribar esto"

Los agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) enseñan tres urbanizaciones de Mejorada del Campo -Villaflores, Balcón de Mejorada y El Tallar- como paradigma de la construcción ilegal. "Empiezan por una casita para las herramientas, luego se hacen un chalé al lado y como ven que no pasa nada, van a por la piscina", explica uno de los agentes. Las tres están construidas sobre suelo rústico, sin licencia de obra y sin la supervisión del colegio de arquitectos. Son 500 casas, cerca de 2.000 vecinos. Algunos llevan 20 años viviendo allí.

La entrada a esta especie de pueblo ilegal se llama calle Paraíso. Fueron sus propios habitantes los que en una junta de vecinos decidieron cómo iban a bautizar las calles o esos caminos de tierra que separan largas hileras de viviendas. Las hay para todos los gustos dependiendo de las aficiones de sus inquilinos: con piscina, con jardín, con huerta, con gallinero, con panales de abejas e incluso con alojamientos para halcones. Hay chalés de diseño clásico y otros más audaces, con sus propias cúpulas, caballos de piedra en la entrada y hasta tres pisos de altura. A cambio de todos estos antojos arquitectónicos, los vecinos batallan cada día con las incomodidades propias de una urbanización ilegal: no tienen suministro de luz, ni de agua, ni servicio de recogida de basuras...

Los vecinos compraron las farolas y obtienen luz eléctrica con grupos electrógenos

Con el agua, lo han probado casi todo: contratar a un camión cisterna que la repartía casa por casa; robársela a la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) y comprársela después a un precio pactado; robársela a Canal de Isabel II y empezar a pagársela tras lograr un contrato provisional con la empresa de abastecimiento después de encerrarse en el Ayuntamiento en señal de protesta y abonar la deuda acumulada: 130.000 euros.

Con la luz, más de lo mismo. Algunos chalés tienen placas solares. En su día, los vecinos compraron 100 farolas y se engancharon a Fenosa. Hoy tienen generadores de gasolina que hay que cambiar cada 12 horas, razón por la que una de las viviendas que se están construyendo es la del nuevo encargado de mantenimiento. "Le damos casa gratis, 1.200 euros al mes de sueldo, con seguro, para que esté pendiente. ¡Es un inmigrante húngaro y está encantado!", afirma Miguel Ángel Martínez, vecino de El Tallar y uno de los inquilinos más antiguos.

El Seprona de la Comunidad de Madrid tardó más de dos meses en rellenar cientos de folios sobre estas tres urbanizaciones ilegales. El atestado se encuentra pendiente de resolución en los juzgados de Coslada (Madrid) desde marzo de 2005. "Corroboramos el delito, hacemos el atestado y se lo enviamos al juez. Ahí termina nuestro trabajo. No podemos hacer más, y a ver quién es el juez que se atreve a demoler las casas de 500 familias", lamenta uno de los agentes de Seprona.

Los vecinos también son conscientes de que su única baza es la presión demográfica. "Yo fui de los primeros. Cuando construí mi casa me la estaba jugando, me arriesgaba a que me la tiraran porque estaba solo, pero ahora somos muchos y estamos más abrigados. Me animo mucho cuando veo que hay vecinos nuevos", explica Miguel Ángel Martínez. Compró su parcela de 2.500 metros cuadrados por 500.000 pesetas (3.000 euros) hace 23 años. Supo que el terreno que había comprado era rústico y no urbanizable poco después, cuando un juzgado de Madrid condenó

a seis años de cárcel por estafa al promotor que le había prometido que podría construir allí su chalé. "Esperé un tiempo prudencial y como vi que nadie nos solucionaba el tema, vendí mi piso y levanté aquí mi casa", explica.

Una de sus vecinas es Cristina Carrascosa, concejal del PP en el Ayuntamiento de Mejorada. "Llegó hace pocos años pero no se mueve por la legalización. El ayuntamiento no nos da ningún servicio pero pagamos el IBI", dice Miguel Ángel. Los primeros inquilinos llegaron hace más de 20 años y los últimos están construyendo ahora sus chalés en los trozos de parcela que les han cedido sus padres ante la dificultad de que se emancipen por la vía legal, más cara. "En frente venden chalés por 420.000 euros. Aquí, por 600 euros el metro cuadrado te levantas una casa. Sólo pagas los materiales y la mano de obra", añade.

"Cada vez se complica más porque funcionan con una política de hechos consumados. Tenemos que parar esa indisciplina urbanística. En la última reunión decidimos que lo mejor era incluirlos en el próximo Plan General", explica Fernando Peñaranda, alcalde de Mejorada (PSOE). El principal obstáculo para la legalización es el vertedero de residuos sólidos urbanos de la Rendija II. "No puede edificarse a menos de dos kilómetros, y están a ver quién se va antes, si los del vertedero o ellos", añade Peñaranda.