Agricultura rechaza el intento de la UE de modificar la PAC

La Administración española ha rechazado las pretensiones de la comisaria europea de Agricultura, Marian Fischer, de proceder a una reforma intermedia en 2008 de la Política Agrícola Común (PAC), cuando no estaba prevista ninguna modificación hasta el año 2013. Para los responsables de Agricultura, no es posible la revisión de una reforma al año de iniciarse su aplicación. El mismo criterio es compartido por todas las organizaciones del sector español, para quienes el desarrollo de la política agraria necesita una cierta estabilidad para poder programar, así, las inversiones en las explotaciones agrícolas.

Los planteamientos comunitarios sobre la necesidad de una revisión de la actual PAC estarían condicionados por la evolución de las disponibilidades financieras para la ejecución de la misma. Así, mientras en los años noventa los gastos en agricultura suponían el 65% del presupuesto comunitario, en la actualidad significan solamente el 40%, y está previsto que para 2013 sean únicamente el 35%.

Por otra parte, el presupuesto comunitario para el periodo que se encuentra entre los años 2007 y 2103 supone un recorte en las disponibilidades para los pagos directos y la regulación de mercados, como para el desarrollo rural, que, en principio, debería ser uno de los ejes de la política común.

Nuevos recortes de ayudas

Ante esas perspectivas de futuro, desde las instancias comunitarias se barajan no sólo nuevos recortes en las ayudas por la disciplina financiera, sino la posibilidad de dar una mayor libertad para la concesión de ayudas nacionales. Esta decisión, de llevarse finalmente a cabo, supondría romper el mercado único y aumentar el porcentaje de modulación obligatoria del 5%.

Tanto la Administración española como el sector agrario están de acuerdo en la necesidad de dedicar un tiempo a estudiar la PAC y llegar a una mayor simplificación, para así poder evitar que cada agricultor termine teniendo en casa una gestoría. En esta línea, desde instancias españolas se apoya el plan de acción presentado por la Unión Europea, con un total de 20 propuestas.

Entre otros puntos se contempla la posibilidad de que sea la misma superficie para los pagos acoplados y desacoplados sin descontar setos o muros en el campo; que no haya autorización comunitaria para usar la retirada de tierras para el pastoreo; la eliminación de restricciones para los cultivos energéticos; suprimir la prohibición de utilizar olivares plantados después de 1998 para activar derechos de pago único o la elaboración de un reglamento único para la política de almacenamientos.

Junto a esta simplificación de la PAC, y la propuesta para unificar las 21 OCM (Organización Común de Mercado) en una sola, en medios agrarios españoles preocupa sobre todo la pretensión comunitaria de ir hacia una revisión de la actual política agrícola común en el año 2008, donde se plantea la posibilidad de ir a un desacoplamiento total o pago desligado de la producción de todas las ayudas directas, la eliminación de la retirada obligatoria de tierras, la supresión de los sistemas de intervención o la supresión anticipada de las cuotas lácteas. Organizaciones agrarias coinciden en señalar la imposibilidad de programar una estrategia en sus explotaciones ante una PAC en proceso de cambio. Entre otros puntos se pueden señalar los derechos de plantaciones de viñedo o la existencia de cuotas de producción en la leche que actualmente se deben comprar en el mercado y que mañana pueden ser producciones libres.