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Reportaje:

El frutero vencido

El sueño del alcalde de Telde se hace trizas al caer en las investigaciones sobre la red corrupta del 'caso Faycán'

Cuando el 1 de marzo se produjeron las primeras detenciones por el caso Faycán, Francisco Valido, entonces alcalde del PP de Telde (Las Palmas, 96.500 habitantes), dijo: "El capitán del barco jamás lo abandona en los peores momentos". Los primeros registros domiciliarios y de despachos oficiales acabaron con la imputación de 18 políticos, empresarios y funcionarios. Una segunda inspección policial, en verano, terminó con la imputación por cohecho del alcalde y cinco concejales. La detención de Valido el pasado martes lo destrozó moral y anímicamente. Sólo mantuvo la compostura a base de ansiolíticos. El viernes pasado, tras ocho meses de resistencia, dimitió.

Valido nació en el municipio grancanario de Santa Brígida, pero sus padres pronto se trasladaron a Telde. Allí ayudaba en el puesto de frutas de la familia en el mercado municipal. Sin estudios, sin cultura, sin apenas saber expresarse correctamente, exhibía dotes para hacerse con el cariño de la gente. No tardó en entrar en la asociación de vecinos Los Azahares de la Higuera Canaria, cuya presidencia ocupó 10 años.

El ya popular dirigente vecinal fichó en 1987 por el CDS y se convirtió en el concejal de Fiestas de Telde. En 1992, participó en un pacto entre cuatro partidos para impedir el mandato del nacionalista Francisco Santiago. Tras la disolución del partido encabezado por el ex presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, siguió a la sombra de Lorenzo Olarte y, ya con el Centro Canario Nacionalista, entre 1991 y 2002 permaneció en el Ayuntamiento de Telde, en el departamento de Playas, Turismo, Parques y Jardines, un cargo hecho a su medida, por su querencia a la foto, a lo aparente, al coche oficial y a Fitur, según personas que le conocen bien.

El sueño se trunca cuando el entonces alcalde recibe una carta de sus otros 12 concejales pidiendo la cabeza de Valido. Se negó a entregar el acta y se refugió en el Grupo Mixto. Allí estuvo 16 meses: "Me iré con quien más me dé", se jactaba. Consciente de su cercanía con las clases populares, con las que siempre se identificó, fundó un experimento llamado Grupo Centrista Canario, como paso previo a su fichaje por el Partido Popular de José Manuel Soria, quien le prometió ser cabeza de lista en las elecciones de 2003. Valido no era entonces ni siquiera afiliado al PP. Pero esta operación sólo aportó 3.000 votos más que en las elecciones anteriores y ningún nuevo concejal a la lista del partido.

Su escasa capacidad de mando convirtió esta legislatura en una de las más convulsas de la corporación. Su principal martirio fue María Antonia Torres, concejal de Obras Públicas, Contratación, Vivienda y Solidaridad, impuesta de número 3 en la lista por Soria, después de que la expulsaran del Cabildo Insular de Gran Canaria por un problema con las facturas de la Consejería de Asuntos Sociales. Profesora en excedencia y siempre fiel a las siglas conservadoras.

María Antonia Torres es un personaje peculiar. Su personalidad ha sido catalogada por quienes la conocen como "poliédrica". Frecuentaba buenos restaurantes. Organizó las primeras reuniones de la actual legislatura en el conocido y exclusivo mesón 5 Jotas del campo de golf de El Salobre, o se acompañaba de coches de alta gama, trajes de diseño y bolsos, su gran debilidad.

Torres no dudaba en dar puñetazos en la mesa, exigir respeto y que se cumplieran sus órdenes sin rechistar. Y a todas estas facetas se añade la de escritora, que le hace escribir toda su vida, desde poesía en los plenos hasta alegatos para desprestigiar a su propio alcalde.

El 1 de marzo, María Antonia Torres fue detenida por cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y revelación de secretos. Está casada con el interventor municipal Enrique Orts, imputado por cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. Entre los dos urdieron presuntamente la trama del caso Faycán: cobrar a las empresas comisiones del 10% al 20% por cada contrato de obras o servicios que se suscribiera en el municipio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 12 de noviembre de 2006