La polémica de la cubierta del Palau de la Generalitat llega al fiscal

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia ha presentado un escrito ante la Fiscalía en el que le solicita que incoe las "diligencias pertinentes" para imputar un posible delito contra el patrimonio histórico por el mantenimiento de la cubierta del Patio Gótico de la Generalitat, que se instaló en 2003 tras obtener una licencia de obras por parte del consistorio, cuando ya ha transcurrido el plazo de tres años que se establecía en el permiso provisional concedido a la Consejería de Economía. Los socialistas presentaron la denuncia el vienres ante la Fiscalía ya que consideran que, con el mantenimiento de la cubierta, y después de que Economía haya pedido en octubre de este año una prórroga de la licencia provisional, se puede haber cometido un posible delito contra el patrimonio histórico por "alteración grave en el edificio del Palau de la Generalitat".

El portavoz muncipal socialista, Rafael Rubio, envió el pasado 3 de noviembre una carta a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, en la que reclamaba que se dirigiera a la titular de la licencia provisional de la obra -la Consejeríaa de Economía- para que quitara la cubierta del Pati Vell del Palau de la Generalitat. Ya le advertía entonces que iba a poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía porque este órgano dictó en mayo de 2004 un decreto en el que advertía de que cambiar la licencia transcurrido el plazo de tres años de autorización, y si se consolidaba la permanencia de la cubierta, convertiría "la alteración del edificio protegido en grave". Rubio trasladaba a Barberá que a su grupo no le consta que desde el Ayuntamiento "se haya producido resolución alguna" ante la petición de la consejería de prorrogar la licencia provisional, que califica de "a todas luces imposible y manifiestamente ilegal si fuera concedida".

Licencia provisional

Las obras, según los socialistas, "tal como informaron los técnicos del Ayuntamiento, no se ajustan a las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia vigente". El Ayuntamiento de Valencia aceptó la petición de la Generalitat para conseguir una licencia provisional de tres años, que el consistorio le concedió el 3 de noviembre de 2003 únicamente para ese periodo. Los socialistas indican en el escrito que esta licencia estaba condicionada a que la cubierta fuera "erradicada sin derecho a indemnización alguna cuando venza el plazo de tres años".

La Consejería de Economía pidió el pasado 19 de octubre la prórroga de la licencia provisional "en tanto se mantenga el carácter singular del edifico y su uso institucional derivado de ser la sede de la Presidencia de la Generalitat". El PSPV explica que "los edificios con alto valor patrimonial, como el que nos ocupa, declarado Bien de Interés Cultural, no han de adaptarse a los usos, sino más bien al contrario, han de ser los usos y actividades que se pretendan los que deben adaptarse a la singularidad del edificio, porque de lo contrario podría justificarse cualquier destrucción patrimonial en base a necesidades funcionales".