Ciudadanos y oposición reclaman al PP que aplique la 'doctrina Parcent' al urbanismo

La advertencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de que los PAI al margen de los planes ganerales son incompatibles con un desarrollo sostenible no debe limitarse al caso de Parcent, donde los magistrados han paralizado un proyecto que triplicaría el censo. La plataforma Abusos Urbanísticos No y el PSPV-PSOE exigieron ayer al PP que aplique esta doctrina a todo el urbanismo valenciano para detener un crecimiento desmedido que lesiona derechos ciudadanos. Veïns de Parcent, que lidera la movilización contra la gestión urbanística municipal, reclamó la anulación de todos los PAI sin plan general.

El Ayuntamiento ignoró un concierto previo al PGOU que rechazaba tres planes

El auto del TSJ suspende de forma cautelar la aprobación del PAI de El Replà, al que el gobierno local de María del Carmen López (PP) dio el visto bueno el 30 de enero pasado, dos días antes de la entrada en vigor de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y al amparo de unas normas urbanísticas subsidiarias obsoletas. Parcent aún no tiene plan general de ordenación urbana (PGOU).

Los magistrados, en una resolución sin precedentes, consideran "excesivo" que un programa de actuación integral (PAI) ordene un millón de metros cuadrados con posibilidad de edificar 1.496 viviendas en un municipio que no supera el millar de habitantes y sin PGOU. Un crecimiento de estas características exige "una instrumentación de carácter más general, donde pudieran ponderarse las necesidades integrales del municipio y su sostenible desarrollo", destaca el auto.

La resolución, que es recurrible, cuestiona así la práctica generalizada de reclasificar millones de metros cuadrados de suelo rústico al margen de los PGOU y supone "un punto y aparte" frente al desarrollo "salvaje", destaca Jaume Sendra, abogado del equipo que presentó el recurso en nombre de una veintena de afectados y asesor de Abusos Urbanísticos No. Para Sendra, el auto " redundará en una mayor seguridad jurídica para los ciudadanos" que se han visto perjudicados e indefensos ante la derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), rechazada por la Comisión Europea, al igual que la LUV, por incumplir directivas comunitarias. El TSJ abre la puerta a nuevas resoluciones judiciales contrarias a la gestión urbanística actual, añade Sendra.

Para el secretario de Territorio y Vivienda del PSPV, Eugenio Burriel, el auto es "una rotunda condena de la política urbanística del PP, que ha alentado y presentado proyectos enormes al margen de los planes generales". Burriel instó ayer al consejero de Territorio, Esteban González Pons, a reclamar al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi (PP), la retirada del plan Rabassa. Una retirada que debe extenderse a proyectos como el de Nou Manises y Nou Mil·leni en Catarroja, que implican la reclasificación de miles de metros cuadrados de terreno rústico en favor de empresas mixtas con capital de la Generalitat. "No han escuchado a los ciudadanos, ni a la Unión Europea, esperamos que ahora los populares escuchen a los jueces", dijo Burriel.

La plataforma Abusos Urbanísticos No también expresó su "satisfacción" por el auto del TSJ. La organización espera que conduzca a un cambio de rumbo tras años de denuncias contra la política urbanística del Consell del PP. El auto "no afecta sólo a Parcent, ahora se ha abierto la brecha" contra una política en la que los PAI se han convertido "en la manera de ordenar el territorio por encima de los planes generales", resaltó el presidente, Enrique Climent. "Éste es el principio de una confianza en los ciudadanos y los abogados, de que hay una opción más", añadió.

La alegría por esta "decisión sin precedentes" fue doble para la plataforma Veïns de Parcent, ya que el TSJ no sólo paraliza un PAI en la localidad, sino que a su juicio da argumentos para suspender también los proyectos de La Solana y El Cantalar, que suman con El Replà 1.800 nuevas viviendas. El portavoz, Joan Carles Poquet, destacó que Territorio no puede aprobar tras esta resolución ninguno de los tres PAI. Poquet recordó que la propia consejería aprobó justo después de las elecciones de 2003, cuando el PP entró en el gobierno de Parcent, un concierto previo al PGOU del mandato anterior respetuoso con el paisaje y un crecimiento "sostenible". La alcaldesa lo ignoró y aprobó los tres PAI en medio de protestas vecinales, sin los informes que exige la ley sobre la disponibilidad de agua y en contra de un dictamen del Consejo Jurídico Consultivo. El concejal de Urbanismo, Ismael Reig, votó a pesar de que su hermano era apoderado de Terras de L'Horta, SL (del grupo Ballester), adjudicataria del PAI de El Replà. Román Reig renunció el día del pleno, cuando el plan ya estaba tramitado. Poquet exigió que se paralicen todos los PAI y el concierto previo hecho por el PP, que prevé consumir aún más suelo y pretende que un pueblo de mil habitantes pase a albergar 10.200. Veïns de Parcent recordó que hay otros contenciosos pendientes sobre El Replà, de su plataforma y de Coalició Democràtica de Parcent (CDP). El portavoz de esta formación, el concejal Pere Far, reclamó al PP que vuelva "al punto cero" y consensúe un PGOU "con participación y respeto al medio ambiente" que sirva "al interés general, y no al de las empresas".

El PP no se pronunció sobre el auto contra la política urbanística.