La ley urbanística no contempla la permuta de suelo del Valencia CF

La permuta pactada por el presidente del Valencia CF, Juan Soler, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, choca frontalmente con la Ley Urbanística Valenciana (LUV), según un informe jurídico en poder de la plataforma vecinal contraria al nuevo campo del club en el terreno deportivo público de la avenida de las Cortes Valencianas. La LUV prevé que la permuta de patrimonio público de suelo se realice por concurso o directamente con entidades que hagan VPO.

La privatización de la parcela forma parte de la doble recalificación urbanística por la que la entidad privada derribará Mestalla, podrá vender la edificabilidad residencial del suelo y levantar con ganancias un estadio que estará de nuevo rodeado de viviendas. La plataforma Pro Polideportivo de Benicalap, Campanar y Beniferri se opone a esta ubicación del estadio, ya que la propia Barberá prometió instalaciones deportivas municipales. "El estadio convertirá el barrio en una ratonera y el tráfico será un caos", afirma el portavoz adjunto de la plataforma vecinal, Jesús Montesinos, para quien el informe es "muy clarificador". Los vecinos ya preparan alegaciones y acciones legales.

Un estudio jurídico apoya su oposición a que el Valencia CF se convierta en propietario del suelo del nuevo estadio a cambio de terrenos que están por definir. La LUV, que entró en vigor después del acuerdo entre el club y el Consistorio, establece que el patrimonio municipal de suelo puede enajenarse mediante concurso público o subasta, y en caso de que el intercambio sea directo sólo puede acordarse con una entidad de carácter benéfico y social, o a un promotor público, "siempre que el destino de la referida cesión sea la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública". Una cesión gratuita también está sujeta a la reserva para pisos protegidos.

Sociedad anónima

El acuerdo con el club no encaja en la ley. El Valencia CF es una sociedad anónima deportiva y su objetivo no son las VPO, sino un nuevo estadio que generará también beneficios con restaurantes o cines. Soler, además, accederá al suelo directamente, por lo que evita a posibles competidores de un concurso. La operación se complica porque el terreno de Cortes Valencianas se obtuvo mediante reparcelación en un plan urbanístico, por lo que los antiguos dueños que cedieron parte de su propiedad para dotaciones públicas podrían reclamar la reversión. Un caso similar se plantea en Terra Mítica, donde se expropió suelo para el parque que al final se destinará a hoteles, si bien el asunto se diferencia del de Mestalla porque se realizó una subasta. El Ayuntamiento, en principio, sólo podría sortear estas exigencias de la LUV si el estadio fuera municipal y se justificara su necesidad para el interés general.

El estudio jurídico explica que el expediente de la permuta, en cualquier caso, debe justificar la conveniencia de esta forma de enajenación de patrimonio público frente a otras posibles, lo que tampoco cumpliría la operación. El Ayuntamiento difícilmente podrá argumentar que necesita las parcelas que aportará el Valencia CF para dotaciones, ya que tiene otras posibilidades para conseguir suelo, entre ellas la expropiación. El informe destaca que aún en el caso de que Barberá considerara que el terreno no es patrimonio, sino dominio público de suelo -como una calle-, la legislación exige una justificación de la necesidad de la permuta, que tampoco se especifica en el acuerdo, como argumentó también el PSPV-PSOE en su recurso contra el convenio que sentó las bases de la doble recalificación y que incluso pretendía convertir el suelo deportivo en terciario. La propuesta en exposición pública lo declara deportivo privado. El supuesto beneficio de usar el estadio para grandes eventos, finalmente, tampoco conduce a la permuta, ya que existen otras vías, como el alquiler. Por todo ello, "hay serias razones para pensar que la permuta que se pretende no se puede realizar por motivos legales", concluye el informe.