El PP valenciano reúne el mayor número de altos cargos imputados

Cualificados miembros del PP valenciano tienen problemas con la justicia. La importancia política de los mismos y la acumulación de imputaciones judiciales contra ellos se ha convertido en un problema para el presidente de la Generalitat y del PP regional, Francisco Camps, cuyo partido intenta reducir el impacto de la situación mediante la crítica de las decisiones de la fiscalía y aventando asuntos que afectan a los socialistas valencianos.

Tan sólo en la última semana, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cinco años de prisión por estafa y falsedad al ex director del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) José María Tabares, y la Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha solicitado una pena de prisión por delito fiscal para el ex consejero de Obras Públicas de la Generalitat valenciana Luis Fernando Cartagena. Ambos alcanzaron la cima de su carrera política siendo presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, aunque Francisco Camps ha reiterado en repetidas ocasiones que él asume no sólo las consecuencias de su gestión, sino la de sus antecesores "de la A a la Z". Éstos son los principales casos que los altos cargos del PP valenciano tienen abiertos en los juzgados.

- Luis Fernando Cartagena. Condenado en firme a cuatro años de prisión por malversación y falsedad por no haber registrado un donativo de ocho millones de pesetas (48.000 euros) realizado por una congregación de monjas al Ayuntamiento de Orihuela. El ex alcalde oriolano está pendiente de la resolución de su petición de indulto. Aunque ahora se enfrenta a la petición de tres años más de cárcel como procesado en el caso de las primas únicas del Santander. Esta imputación le hizo dimitir como consejero de Zaplana en 1998. Los problemas de Cartagena con la justicia han lastrado la carrera política de su esposa, que figuró en su día en las quinielas como consejera. Ana Encabo es hoy secretaria autonómica de Empleo. Actualmente no milita en el PP.

- José María Tabares. Nombrado director general del Ivex por el PP y denunciado luego por la propia Generalitat, Tabares ha presentado un recurso de amparo al Constitucional. Este ex alto cargo también está imputado en el caso que instruye un juzgado valenciano por el pago en paraísos fiscales de un contrato B para fichar a Julio Iglesias en la promoción de la Comunidad Valenciana.

- Carlos Fabra. Presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, está imputado por supuestos delitos contra la Administración pública, tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Su apoyo ha sido imprescindible para que Camps se hiciese con el control del PP en la comunidad. Las imputaciones contra Fabra, que estudia presentarse a la reelección, han obligado a declarar a varios ex ministros del PP.

- José Manuel Medina. Alcalde de Orihuela, que ha cobrado popularidad por conducir coches de lujo y vivir en un chalé propiedad de promotores a los que recalificó terrenos. Medina, junto con otros ediles oriolanos, está imputado por prevaricación, falsedad, tráfico de influencias y malversación en decenas de casos relacionados con el urbanismo y la gestión municipal.

- Luis Díaz Alperi. Alcalde de Alicante y candidato del PP a la reelección. Está imputado junto con otros ediles por trato de favor a un promotor de unos aparcamientos. Además, se le juzga por un supuesto delito de desfalco de seis millones de euros descubierto en la empresa pública Mercalicante.

- Pedro Ángel Hernández Mateo. Este alcalde de Torrevieja compró 18 hectáreas de suelo rústico por 180.000 euros en 2002 y las vendió en 2004 por 5,4 millones de euros. Un juez lo ha imputado por tráfico de influencias

- Luis Esteban, Miguel Navarro Miguel Izquierdo, Antonio Rincón y Justo Valverde. Estos cargos del parque de atracciones de Benidorm -presidente, director general, director técnico, director de adjudicaciones y director de compras, respectivamente-, impulsado y participado por la Generalitat están imputados por el supuesto caso de las facturas falsas de Terra Mítica. La Agencia Tributaria afirma que se pagaron facturas por trabajos no realizados.