Fomento alquilará la red y los medios de Correos a los competidores postales

Correos cumple 250 años y se cambia su forma de trabajar. El Gobierno aprobará hoy en el Consejo de Ministros la regulación del acceso a la estructura, los medios y las instalaciones de Correos para que lo utilicen sus competidores. La medida pretende introducir más competencia, ya que otros operadores de terceros países (como Holanda o Alemania) y empresas privadas podrán usar las 4.000 oficinas, los 12.000 vehículos y los 65.000 empleados para ofrecer sus servicios. El envío de cartas de menos de 50 gramos, los certificados básicos y los giros quedan fuera del acuerdo.

El cartero podrá llamar dos veces en España. La primera puede ser para entregar una carta de Correos y la siguiente para dejar un paquete de cualquier compañía privada.

La Unión Europea está decidida a liberalizar los servicios, que representan el 70% de la economía del Viejo Continente. El 30 de mayo pasado se aprobó la directiva que los liberalizará, después de duras negociaciones con países como Francia, Alemania y Bélgica.

Con esta música de fondo, el Gobierno dará hoy luz verde a un real decreto que pretende garantizar unas condiciones adecuadas de competencia entre todos los operadores. Así, se permitirá a otros jugadores postales -los más activos en España son el Deutsche Post y TNT de Holanda, así como firmas privadas- para que utilicen la estructura, los medios y las instalaciones de Correos y Telégrafos. Los servicios que podrán alquilar serán la recogida, admisión, clasificación, tratamiento, curso, transporte, distribución y entrega de la mercancía. En España ya está liberalizada la prestación de servicios iguales a los de Correos, pero esta medida supone poder alquilar las propias instalaciones y personal de la empresa pública con el fin de evitar que los competidores se vean obligados a reproducir una red tan extensa como ésa para ofrecer servicios similares. La decisión del Gobierno exigirá a Correos ser competitiva porque sus rivales podrán ampliar su oferta de servicios como nunca se ha hecho hasta ahora.

Lo único que ha quedado al margen de esta apertura es el envío de cartas de menos de 50 gramos (que tienen un coste de 29 céntimos), los certificados básicos y los giros postales. Está previsto que para 2009, la UE también los liberalice.

Tras la aprobación del real decreto, la empresa pública, dependiente del Ministerio de Fomento, facilitará a todos los operadores que lo pidan los medios que utiliza para prestar el servicio universal. Las condiciones que imponga deberán ser similares a las que Correos aplica a sus propias empresas filiales o asociadas.

El escollo típico de estas operaciones está en las tarifas. El real decreto establece que Correos y cada uno de los operadores negocien y acuerden libremente las condiciones de acceso a la red pública. Se discutirán tanto los requisitos técnicos de utilización de servicios -los centros de emisión, volumen de envíos, clasificación, facturación, sistemas de franqueo, normas de calidad, etcétera- como las tarifas que se apliquen.

El campo de actuación lo establecerá el Ministerio de Fomento. Tras consultar a los interesados, establecerá unas condiciones de acceso para que sirvan de referencia en las negociaciones "y equilibrar la desigualdad inicial entre las partes implicadas", según el real decreto. Las primeras condiciones -que sólo tendrán carácter vinculante- se aprobarán en un plazo de cinco meses desde la entrada en vigor del decreto.

En caso de conflicto, se establece que Fomento realice un arbitraje administrativo, "rápido y gratuito". Los posibles choques de intereses podrían estar relacionados con la realización indebida de los servicios postales; el incumplimiento de las garantías de inviolabilidad de las comunicaciones y la negativa por parte de Correos a facilitar el acceso a la red pública.

Las quejas se podrán cursar hasta dos meses después de que se haya producido el conflicto y se debe solucionar en un plazo de cinco meses desde su planteamiento.