Barberá ha cedido al menos diez parcelas públicas en una década para construir iglesias

La estrechos lazos que mantiene el equipo de Gobierno local del Ayuntamiento de Valencia, en manos del PP desde 1991, con el arzobispado de Valencia se ha traducido en la adquisición por parte de la institución religiosa del uso de al menos siete parcelas grafiadas como servicio público en el plan general de la ciudad a través de modificaciones y concesiones administrativas, y otras tres mediante la reserva de suelo religioso, una modalidad que no recoge el reglamento de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística y que bloquea su utilización para cualquier otro tipo de aprovechamiento.

"El problema es que el Ayuntamiento hace dejación de sus funciones"

La polémica desatada a raíz de las obras de vallado para la construcción de un templo en un parque infantil de la plaza ajardinada Mestre Vicent Ballester Fandos ha despertado las críticas de PSPV y EU-l'Entesa. Ambas formaciones consideran inaceptable que en un estado aconfesional se "sacrifique" patrimonio público en beneficio de la Iglesia católica. La parcela afectada -ante la movilización vecinal la alcaldesa, Rita Barberá, se comprometió a negociar una ubicación alternativa para la construcción del templo- forma parte de uno de los seis terrenos que el consistorio valenciano cedió en régimen de concesión durante 75 años prorrogables al arzobispado. A cambio y bajo las mismas condiciones, el Ayuntamiento obtuvo la plaza de la Almoina. El acuerdo quedó plasmado en un convenio que se firmó en 2000. Cuatro de los solares que incluía el lote a canjear estaban grafiados como servicio público por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1988, una calificación urbanística que comprende el uso religioso o SP6. Otro se reservó específicamente para dotaciones escolares, lo que obligó al consistorio a hacer una modificación puntual del PGOU para permitir la recalificación a uso religioso. El restante ya aparecía como SP6, una categoría que no se reconoce en el reglamento de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística y que implica el bloqueo de su aprovechamiento para otros usos, en el plan parcial del sector 1 Ademuz. En el citado convenio, el arzobispado se reserva el derecho a utilizar la plaza para actos propios de la Basílica, condiciona la cesión al destino del terreno como exposición y museo arqueológico y establece que todos los gastos que ocasione tanto la construcción como el mantenimiento de la plaza correrán a cargo exclusivo del Ayuntamiento. "Yo creo que lo más lógico hubiera sido comprar la parcela en vez de perder más espacios dotacionales", asegura el portavoz del grupo municipal socialista Rafael Rubio. "Si no se renueva la concesión, el Ayuntamiento tendrá que devolver la plaza de la Almoina y perderá los cientos de millones que se han invertido en la recuperación arqueológica a cambio de solares con iglesias y, en el mejor de los casos, con los templos derribados, tal y como exige el documento pactado", afirma su homóloga en EU-l'Entesa, Maria Victoria González. En el mismo texto del convenio se reconoce el "deber" de la archidiócesis de Valencia de "atender la vida religiosa de aquellos fieles cristianos que han instalado su residencia en las zonas de expansión de esta ciudad, lo que exige la construcción de nuevas parroquias con la consiguiente dotación de templo, vivienda para el sacerdote y locales para actividades pastorales".

El 28 de noviembre de 2004 se aprobó el proyecto de reparcelación del Programa de Actuación Integrada (PAI) de Benicalap Norte para construir unas 1.300 viviendas. Este PAI reservaba, además de dos parcelas de uso escolar y otra aún sin determinar pero grafiada como servicio público, un solar de SP6. Ello desató las críticas de González quien acusó a la administración local de estar más preocupada de que los valencianos "asistan a misa" que de dotar el barrio de servicios. Los socialistas afirman que no hay suelo reservado para bibliotecas, ni centros de día o espacios culturales que puedan cubrir las necesidades de este sector donde ya se están empezando a construir las primeras viviendas. El caso de Orriols, un PAI de aproximadamente 3.355 viviendas prácticamente finalizado, es muy similar. Aquí solo hay suelo público para colegios, un centro de día y una parcela para la futura construcción de otra iglesia. "El problema es que el Ayuntamiento hace dejación de sus funciones y los promotores acaban diseñando el planeamiento de la zona que, en definitiva, es el instrumento que nos permite corregir las carencias dotacionales. Luego, nos encontramos con casos como los de Orriols sin pabellones deportivos, centros culturales...", advierte Rubio.

El Ayuntamiento de Valencia volvió a hacer gala de su buena sintonía con el arzobispado el pasado 15 de septiembre cuando la Junta de Gobierno Local aprobó la cesión por 75 años de una parcela situada en la calle Eduardo y Soler del barrio de Sant Pau e, inicialmente, destinada a la construcción de un polideportivo. Además del cambio de uso del solar, el Ayuntamiento concedió al arzobispado una bonificación del 90% aplicada al impuesto por ocupación privativa del suelo público. La ordenanza de Aprovechamiento Especial de Edificio e Instalaciones Municipales establece que se puede aplicar una reducción de hasta el 90% cuando se trate de una "entidad sin ánimo de lucro y cuya actividad se considere de utilidad por prestar un servicio a la Comunidad". Otra de las recalificaciones auspiciadas por el consistorio valenciano fue la relativa a la calle José Andreu Alabarta, una parcela escolar convertida en SP6, donde está prevista la construcción de un nuevo templo. Ello, en un contexto en el que el déficit de plazas escolares públicas se ha visto agravado por la presión inmobiliaria que, entre 1996 y 2000, se comió el 10% de la reserva de suelo para nuevos colegios.