El PP rechaza de nuevo que los altos cargos hagan público su patrimonio

El PP rechazó ayer de nuevo en las Cortes Valencianas una proposición de ley de los socialistas que obligaría a todos los cargos públicos a hacer públicos sus actividades, patrimonio, bienes y rentas. La denominada ley de transparencia -vigente ya en las comunidades de Castilla-La Mancha y Extremadura- fue rechazada sin más argumentos que los contenidos en una confusa letanía jurídica que leyó el portavoz adjunto del PP Rafael Maluenda, quien acusó a los socialistas de "montar un numerito" y de poner en tela de juicio la "honorabilidad" de los cargos públicos. El socialista Andrés Perelló instó al PP a explicar a los ciudadanos por qué rechaza una iniciativa que sólo pretende evitar las "malas prácticas" de algunos políticos.

Perelló: "Ustedes no quieren enseñar lo suyo para no quedar en evidencia"

La proposición de ley que defendió ayer el PSPV en las Cortes Valencianas era muy similar a la que hace cuatro años presentó Esquerra Unida, que no fue debatida hasta junio de 2004 y que también fue rechazada. A raíz de los recientes casos de presunta corrupción en los Ayuntamientos de Orihuela y de Torrevieja, con alcaldes del PP bajo sospecha, que se han sumado este año al ya conocido caso Fabra, los socialistas decidieron apostar de nuevo por una iniciativa de estas características dentro de su ofensiva por la transparencia, con la que pretenden poner en evidencia al PP, que "ampara" a cargos públicos implicados en presuntos casos de corrupción y a otros que han incrementado su patrimonio de forma poco clara.

Andrés Perelló justificó la propuesta porque hay "excesivas zonas oscuras en el poder" que pueden ser "motivo de malas prácticas". La iniciativa, añadió, pretende "dar respuesta a esta situación, prevenir nuevas tentaciones y recuperar la confianza perdida en la política" y transmitir un mensaje a aquellos que estén en disposición de actuar de forma incorrecta, para que sepan que no habrá "una defensa corporativa de conductas deplorables" que llevan a la ciudadanía a tener una mala imagen de la política y de los políticos.

Perelló puso como ejemplo el caso del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Tras asegurar que su iniciativa "no invade derechos constitucionales" ni "convierte a los gestores públicos en sospechosos de conductas irregulares", explicó que quienes "ponen bajo sospecha" a la clase política son los que "declararon una cosa" en el registro de bienes de las Cortes y luego se descubre "que tenían 100 millones de pesetas ingresados en su cuenta corriente en cheques al portador".

El portavoz adjunto del PP Rafael Maluenda afirmó que con su iniciativa los socialistas ponen "en tela de juicio la honestidad" de los cargos públicos y aseguró que su partido "defiende" la transparencia. Pero argumentó que en las Cortes ya existe un registro de bienes y actividades de todos los diputados. No obstante, esa declaración no puede ser consultada libremente por los ciudadanos, como quieren los socialistas. Una posibilidad que choca con los derechos constitucionales, según Maluenda, que acto seguido largó una letanía de contenido jurídico para argumentar que la iniciativa del PSPV invade la "intimidad" de los cargos públicos.

El portavoz del grupo de Esquerra Unida-L'Entesa, Joan Ribó, le replicó en su turno de explicación de voto: "Para ustedes la intimidad está en la cartera y en la cuenta corriente; para nosotros la intimidad es algo más serio." Y le recordó a Maluenda que su partido no sólo no ha presentado ningún recurso de inconstitucionalidad contra las leyes de transparencia vigentes en Extremadura y en Castilla-La Mancha, sino que los altos cargos populares de esas dos comunidades, gobernadas por los socialistas, cumplen religiosamente con lo estipulado en esas normas y hacen públicos sus bienes, su patrimonio y sus intereses. Ribó defendió la oportunidad de poner en marcha la ley en la Comunidad Valenciana, en especial cuando, según recordó, el fiscal Anticorrupción acaba de pedir tres años y medio de cárcel para el ex consejero de Obras Públicas de la Generalitat Luis Fernando Cartagena por delito fiscal.

Pero Maluenda iba a lo suyo. Repitió que su grupo está a favor de la transparencia, pero no "de la demagogia y de los numeritos" y utilizó en varias ocasiones el argumento de que si la oposición quiere hacer públicas sus declaraciones de bienes y actividades puede hacer "10.000 fotocopias e ir a repartirlas el sábado en la puerta de Mestalla". Si los grupos de la oposición "tienen interés" en hacer público su patrimonio, son libres de hacerlo, dijo el diputado del PP, quien les preguntó si por el mero hecho de dar publicidad a sus declaraciones de intereses se consideran "más honrados" que los demás. Y terminó por recomendar al PSPV que pida al Gobierno central que cambie la ley estatal que obliga a los cargos públicos a registrar sus bienes y sus intereses. "Díganselo, que modifique la ley, y nosotros la acataremos", aseguró.

Perelló le replicó contundente: "Aquí no caben medias tintas ni ambigüedades. No es cuestión de que quien quiera transparencia enseñe sus rentas; queremos que sea un instrumento para todos. Quienes están en contra, están en su derecho, pero tienen que explicar por qué". Y añadió: "Ustedes no quieren enseñar lo suyo y tampoco que lo enseñemos los demás, para no quedar en evidencia".