Extremadura y Castilla-La Mancha ya tienen su ley

La proposición de ley de transparencia presentada por los socialistas valencianos no es la primera iniciativa que pretende hacer públicos los bienes, el patrimonio, las rentas y las actividades de los cargos públicos. Las comunidades de Extremadura y de Castilla-La Mancha, gobernadas por los socialistas, aprobaron hace más de 10 años leyes en ese sentido. Mientras, en Galicia, donde el PSOE gobierna con los nacionalistas, se aprobó en junio pasado una ley que obliga a hacer públicos los salarios de los altos cargos de la Xunta, así como las subvenciones que conceden y los contratos y convenios que firman. En Cataluña rige una disposición parecida. En el resto de comunidades, ya sean gobernadas por los socialistas o por el PP, no existen normas de esta índole.

Las leyes castellano-manchega y extremeña establecen la publicación, en los respectivos diarios oficiales, de las declaraciones de bienes, derechos, actividades, patrimonio y rentas de los altos cargos de ambos gobiernos autonómicos. La obligación se hace extensiva, en ambos casos, incluso a los asesores y al personal eventual al servicio de los altos cargos, además de a los responsables de entes y organismos autónomos dependientes del Gobierno regional y a los de las empresas públicas en las que la Administración autonómica tenga participación mayoritaria. La ley de Castilla-La Mancha incluye también a los alcaldes y a los presidentes de Diputación, aunque en este caso con carácter voluntario.

La iniciativa del PSPV rechazada ayer en las Cortes Valencianas -el PP la tachó de inconstitucional- es muy parecida a la que defendió hace dos años Esquerra Unida-L'Entesa. Y ambas están inspiradas en las leyes ya vigentes en Extremadura y en Castilla-La Mancha, que no han sido recurridas por el PP en esas comunidades.