El hermano de Marisol Yagüe huye de la justicia y alega que es "cabeza de turco"

El ex concejal de Marbella Juan Antonio Yagüe, hermano de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, ha huido de la justicia. Debía ingresar en prisión por un delito urbanístico por el denominado caso Proinsa, junto a otros seis ex ediles, pero esta semana ha decidido poner tierra de por medio y convertirse en prófugo de la justicia pese a dejar en Marbella esposa y dos hijos. "Me considero cabeza de turco en España. No entiendo que está ocurriendo con la Justicia y no me voy a presentar", aseguró a sus familiares, sin aclarar si abandonará el país.

Yagüe, ex edil de Parques y Jardines y Juventud desde 1995 a 1999, fue condenado a un año de prisión por autorizar una licencia de obras para construir 150 viviendas, garajes y locales en una zona verde, junto al Palacio de Congresos, en el llamado caso Proinsa. El juez titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga, Javier Soler, dictó hace diez días un acto de ejecución de sentencia que ordenaba su ingreso en prisión. Pero Yagüe se ha rebelado contra esta decisión. Ha explicado a sus familiares que "el tema está muy politizado", y que su ingreso en prisión se debe al "boom urbanístico y por el caso Malaya".

La defensa de Yagüe ha comunicado al juez la drástica decisión, después de que ayer la Fiscalía malagueña pidiese que se decrete su busca y captura. "Estoy sorprendido por su decisión, pero también lo entiendo. Si estás convencido de tu inocencia y te dedicabas a parques y jardines, pues es un poco duro ser condenado por un delito urbanístico", manifestaron fuentes de su defensa.

La sentencia que se ha ejecutado está recurrida ante el Tribunal Constitucional. "No es justo al no ser una sentencia firme y es un actuar atípico, porque ni el entorno de ETA tiene este trato por parte de la justicia. Según el juez que te toque, esto se ha convertido en una lotería", añadieron las mismas fuentes.

Juan Antonio Yagüe es considerado por sus amigos y familiares como una persona muy culta y reservada que ha defendido su inocencia al manifestar que "nunca se ha llevado nada y que sólo estuvo como edil unos años en Marbella".

Además, según ha manifestado a su familia, "no comprende" cómo ni los propios jueces se ponen de acuerdo si los hechos por los que se le acusa son para cumplir cárcel o inhabilitación, en alusión al voto particular que ha realizado en varias ocasiones el magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga, Jose María Muñoz Caparros.

Este jurista entiende que los ex ediles deberían ser condenados como autores de un delito de prevaricación administrativa "sin la concurrencia de circunstancias modificativas de responsabilidad criminal a la pena de inhabilitación especial a cada uno de ellos", en lugar de una pena de prisión. Marisol Yagüe no quiso ayer pronunciarse sobre este tema ya que "la familia está muy unida", y todos se van a apoyar aunque pueda ser perjudicial para la ex alcaldesa.

Tres de los ex concejales condenados por el juez ingresaron la pasada semana en distintos centros penitenciarios, y sólo resta que ingrese en prisión la ex edil Dolores Zurdo, cuya prórroga concedida por el juez se cumple el próximo viernes, ya que el ex alcalde Julián Muñoz y ex edil Rafael González están en prisión preventiva por el caso Malaya. En su auto, el juez rechazó la suspensión de la pena mientras se tramitaba la petición de indulto, como habían pedido los abogados, por lo que en la resolución se decretaba "su detención o busca y captura". Ante esto, Yagüe ha huido a pesar de que su defensa y la de varios ex concejales indicaron que les habían recomendado que se presentaran voluntariamente en prisión. Los letrados señalaron que, no obstante, se presentarán los recursos pertinentes contra dicha resolución.

La sentencia del caso Proinsa fue dictada en octubre de 2005 por el Juzgado número 5 de Málaga, y confirmada el pasado 6 de junio por la Audiencia Provincial. Los hechos ocurrieron el 29 de enero de 1999, cuando la Comisión de Gobierno que presidía Julián Muñoz como alcalde accidental de Marbella autorizó una licencia de obras a la empresa Promoción de Edificaciones Industriales SA (Proinsa). La Sala destacó que no llegaba a "comprender qué razones o intereses oscuros llevaron a los acusados" a aprobar el PGOU de 1998, impugnado por la Junta y anulado por la justicia, y que eran "perfectamente conocedores de que su conducta no era ajustada a derecho" y por tanto a la "legalidad urbanística".

No es la primera vez que un familiar de la ex alcaldesa Marisol Yagüe tiene problemas con la Justicia, ya que en 1998 otro hermano, Arturo Yagüe, fue detenido en una finca ubicada entre los municipios malagueños de Ojén y Mijas, en la que la Policía encontró 1.390 kilogramos de hachís.

Arturo Yagüe fue encarcelado pero salió en libertad bajo fianza antes de la celebración del juicio, y todavía no ha vuelto a España, aunque ya hay un auto judicial en el que se afirma que la pena en la que pudo incurrir ha prescrito.