Un delito castigado con un máximo de cinco años por los tribunales
Las amenazas terroristas acumulan numerosas sentencias en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. La inmensa mayoría de los fallos judiciales castigaban hasta ahora con penas que oscilan entre los dos y los cinco años de prisión el delito de amenazas terroristas, según la gravedad de las mismas.
- Tres cartas amenazantes a ediles socialistas: dos años. El pasado 26 de abril la Sección Tercera de lo Penal condenó a María Plazaola a dos años de prisión y 15 de inhabilitación por un delito continuado de amenazas terroristas. La condenada, entre mayo y junio de 2004, remitió tres cartas amenazadoras a dos concejales del PSE-EE de Urretxu y Zumárraga, así como a la sede del citado partido en la última localidad guipuzcoana.
El fiscal consideró que los hechos constituían tres delitos de amenazas terroristas, pero el tribunal consideró que, aun siendo amenazas firmes y creíbles, se trataba de un único delito continuado de amenazas y le condenó a dos años de prisión.
- Amenazas a Garzón de Iñaki Bilbao: dos años. La misma condena mereció el etarra Iñaki Bilbao tras amenazar reiteradamente de muerte al juez Baltasar Garzón.
- Pintadas amenazantes contra Ibarrola: dos años. En enero de 2005, la Audiencia condenó a Borja Jacinto Urberuaga a dos años de cárcel por delito de amenazas terroristas como autor de numerosas pintadas en varios edificios públicos y privados de Gernika (Vizcaya) y de Beasain (Guipúzcoa), así como de las aparecidas en los árboles del bosque de Oma, obra del escultor Agustín Ibarrola, y en la vivienda particular del artista.
El fiscal había pedido una pena superior, pero el Supremo, el 6 de marzo de este año, ratificó los dos años de condena. El Supremo consideró que se trataba de un delito continuado a pesar de tratarse de numerosas pintadas amenazantes.
- Amenazas a un concejal del PP: cinco años. Un individuo que estuvo participando en acciones de violencia callejera o kale borroka desde 1996 hasta 2003 confeccionó una carta panfleto para amedrentar al concejal del PP en Galdakao (Vizcaya) Gustavo Morales.
La carta amenazante fue confeccionada en un ordenador de la sede de Herri Batasuna en Galdakao y fue distribuida entre los vecinos el 17 de marzo de 2000. Como consecuencia de esos hechos, el concejal popular perdió su puesto de trabajo en Bilbao, se vio obligado a cambiar de domicilio y trasladó su residencia a otra comunidad autónoma. A la vista de la gravedad del resultado, la Audiencia Nacional, primero, y el Supremo, después, condenaron al individuo a cinco años de prisión y a ocho años de inhabilitación absoluta.
