Álava concentra la mitad de la vivienda protegida con sólo el 14% de la población

La mitad de las viviendas de protección oficial (VPO) que se construyen en Euskadi se levanta en Álava. Pese a que este territorio concentra sólo el 14% de la población vasca, ha aunado una serie de condiciones idóneas para esta proliferación de la vivienda protegida. El paradigma de este fenómeno es Vitoria, donde 75 de cada 100 pisos que se construyen son protegidos, el porcentaje más alto de toda España. En el caso del alquiler, la diferencia resulta todavía mayor: el 85% de los pisos que se ofertan son protegidos frente al 15% de libres.

En Vitoria se han sumado muchas circunstancias positivas al mismo tiempo para llegar a estos niveles de construcción de pisos protegidos. Durante el segundo trimestre de este año, existían en la capital alavesa 2.028 viviendas nuevas de este tipo en oferta frente a las 657 libres nuevas. Sólo la presencia de los pisos usados libres mantiene el equilibrio. Pero, ¿qué razones explican este auge de la vivienda protegida en Vitoria? Frente a lo que ocurre en otros lugares, los partidos del Ayuntamiento de la ciudad han blindado la cuestión, han cerrado filas y la han sacado de la lucha partidista. La estrecha colaboración institucional entre el Ayuntamiento y la Diputación de Álava, ambos gobernados por el PP, y el Departamento de Vivienda, en manos de EB, es otra razón que ayuda a aclarar la masiva presencia de VPO.

La abundancia de suelo (la mayoría, propiedad del Ayuntamiento) y el hecho de que sea una ciudad dinámica económicamente, que crece e incorpora población (cuenta con un 7% de inmigrantes frente al 4% de media del conjunto de Euskadi) completan la batería de explicaciones, según los especialistas. El origen de la situación actual se remonta a 1999, cuando el anterior alcalde, José Ángel Cuerda, del PNV, dejó hilvanado un acuerdo con los propietarios del suelo de Salburua y Zabalgana, las dos zonas de expansión futura de la ciudad.

El PP, que se estrenaba en el gobierno de la ciudad, suscribió un acuerdo con los socialistas mejorando ese convenio, por el que el Ayuntamiento se hizo con el 60% del suelo y fijó plazos y penalizaciones para que los propietarios de los demás solares fuesen urbanizando. Además, estableció que el 75% de lo que se construyese debían ser pisos protegidos, superando el porcentaje del 65% que fijaba la ley Maturana.

Acuerdo en lo básico

Javier Burón, director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda de la consejería, resume así la situación: "Vitoria es una ciudad con suelo y tiene la posibilidad de crecer armoniosamente y de manera compacta. Hay buena colaboración entre instituciones y existe un consenso en torno a un modelo en el que la vivienda no se puede dejar a lo que dicte el mercado y tiene que intervenir la Administración. Se da un conjunto de cosas que no ocurre en otros sitios y todas ellas configuran algo así como la cultura de la vivienda protegida".

Por contra, en Bilbao existen grandes problemas físicos. No trabaja sobre suelo urbanizable y lo hace únicamente sobre suelo urbano, en operaciones muy complicadas de reforma interior, como las de Zorrozaurre y Bolueta. En el caso de San Sebastián, la ciudad lleva tiempo sin grandes operaciones por su equipo de gobierno municipal en minoría, que no logra el apoyo de la oposición para su política de urbanismo.

El portavoz peneuvista en el Ayuntamiento vitoriano, Mikel Martínez, se felicita de que las formaciones hayan sido capaces de sacar la vivienda de la lucha partidista. "Todos los grupos hemos blindado la política de vivienda. La colaboración interinstitucional también ha resultado fundamental". Martínez añade: "En lo básico estamos de acuerdo. Después hay matices y algunos disensos, pero en las líneas fundamentales, sí hay acuerdo".

El portavoz municipal del PSE, Patxi Lazcoz, apunta como primer factor el acuerdo político de 1999 con el PP, que se estrenaba en el consistorio: "No hubo interferencia del mundo inmobiliario y se hizo un acuerdo político limpio. Hoy no hubiese sido posible firmarlo". "Vitoria tenía suelo para hacer cosas, pero no estaba disponible jurídicamente para edificar", añade. "Cuerda cerró un mal acuerdo con los propietarios de Salburua y Zabalgana y después PP y PSE lo reorganizamos. Al principio, fue difícil de vender, porque mientras no hay máquinas trabajando y edificios construyéndose no se podía generar crédito ante la ciudadanía, pero la creación de la sociedad pública Ensanche XXI para gestionar la construcción fue un cambio radical".