Todos dentro

A la necesaria y demandada estabilidad del sistema educativo que justamente reclama la sociedad española hay que sumarle otras características sociales, políticas y formativas para responder a la exigencia que tiene en el conocimiento el valor añadido que nos hace progresar más y crecer más. La educación es el puente entre ese conocimiento -accesible y universal, aunque con brechas y desigualdades- y los avances comunes; así lo han entendido quienes llevan la primacía en el desarrollo. Pero la sociedad que nos pide evolucionar demanda una formación sin exclusiones porque el progreso de todos depende de todos y debemos mejorar las tasas de éxito escolar de nuestro país en los primeros niveles educativos y aumentar la continuidad en los secundarios. La misma UE se ha puesto deberes antes y después de las etapas obligatorias para que la educación sea una constante no sólo en lo que hasta ahora considerábamos la vida académica de un ciudadano sino a lo largo de toda la vida, incluso más allá del periodo laboralmente productivo: todos dentro de un sistema educativo que proporciona la formación requerida se sea titulado o no, empleado o no.

El Gobierno del Estado y el Parlamento han elaborado y aprobado la Ley Orgánica de Educación (LOE) para responder a estos retos. El acuerdo social, territorial y político -extenso y hasta donde algunos han querido, sabido y podido-, y por tanto la estabilidad educativa, debe continuar en el desarrollo de la ley como ha venido haciendo (síntesis de la dispersa normativa, propuesta para el debate, resultados de éste y las sucesivas propuestas a la LOE) una sociedad que ha aportado criterios en cientos de documentos y miles de intervenciones junto a las reuniones de las organizaciones e instituciones representativas.

Esa permanencia del aprendizaje a lo largo de la vida es un objetivo formativo que debe tener continuidad al disponer de las suficientes ofertas educativas, pero también porque otras instituciones integren esa necesidad de nuestro sistema productivo y social; por ejemplo, necesitamos más formación en las empresas y más empresas en la formación. Las evaluaciones internacionales nos indican que hay que ampliar nuestra eficacia educativa y hacer coincidir la eficiencia con nuestra pertenencia a un entorno occidental, democrático y desarrollado, y aunque el periodo valorado se corresponde en su mayoría con gobiernos distintos del actual, y sin caer en la autocomplacencia del gran salto formativo del periodo democrático, debemos avanzar en una formación que tiene que extender a lo largo -mayores resultados- y ancho -mejores resultados- sus efectos sociales: una inclusión de todos y para todos. El camino de otros países que obtienen buena valoración, con pocas variaciones, suele coincidir con lo que el MEC propone como calidad con equidad. No se puede pretender recuperar educativamente a quienes se les excluye desde edades tempranas derivando sólo hacia ellos una responsabilidad que debemos ampliar al resto del sistema.

Ese esfuerzo compartido, de todos, exige estudio, esfuerzo y disciplina (y valga esta referencia para salir al paso de quienes niegan su presencia en la LOE, aunque con el rechazo intelectual de tener que dedicar unos momentos a lo evidente) del alumno, pero también coherencia social con lo que se pide a la escuela, compromiso educativo, económico y ecológico de las administraciones educativas, políticas de igualdad, organización y proyectos de los centros, formación y reconocimiento del profesorado y una dedicación familiar que debe aumentar su contribución por propia iniciativa y con ayudas, sin olvidar la importancia de su relación con colegios e institutos, que depende de recuperar una presencia y participación restringida por la normativa anterior. Es lógico que las familias colaboren escasamente con una escuela que las expulsaba de las decisiones comunes. En fin, nada distinto de lo que han deducido los responsables educativos de la OCDE de esos informes cuyos resultados inexplicablemente se utilizan para desviar una situación -ya hemos dicho que sin duda mejorable- hacia unas soluciones contrarias a las que son coherentes con esas conclusiones. Se retuercen los elementos cuantitativos para reforzar criterios cualitativos preconcebidos.

El sistema educativo español cuenta con la presencia, avalada constitucionalmente, de la escuela privada, que puede acceder a un sistema de conciertos con veinte años de vigencia con diferentes gobiernos, lo que contribuye para conseguir la libertad de elección de centro que inexplicable e interesadamente se le niega a la LOE. Ahora, a la necesidad social de la extensión de la gratuidad a la etapa de 3-6 años -asumida por el Gobierno del PSOE y que es el mejor, aunque no único, ejemplo de que no se hace tabla rasa y se respetan y se mantienen decisiones anteriores- hay que sumar la urgencia también social del equilibrio en la admisión de alumnos necesitados de atención educativa específica, con el correspondiente aumento de recursos cuando se produzca esta nueva exigencia. No es objetiva ni solidaria una descalificación global de la escuela que atiende, en una situación ahora desequilibrada, mayoritariamente al diferente, lo que tiene su traducción en los resultados.

Por otra parte, la Constitución nos otorga una estructura política que transfiere a las Comunidades Autónomas la responsabilidad educativa última. El sistema educativo debe tener en cuenta, además de todo lo anterior, esta situación y ser respetuoso con ella. No es posible poner en marcha una educación inestable permanentemente porque estas Administraciones se vean injustamente agredidas en unas competencias fundamentales para proporcionar el servicio público de la educación y una escuela pública de calidad. Éstos son valores constitucionales que compartimos y junto a otros su presencia curricular es necesaria. Por supuesto que de forma transversal impregnando toda la enseñanza, pero esto no impide ni es contradictorio con su inclusión programática específica. Que se acuse de doctrinaria la formación cívica en estos principios en una sociedad democrática supone desconfiar de ellos, de los órganos de control, de los equipos y organizaciones que diseñan su currículo y su didáctica y de la libertad de cátedra -otro principio constitucional- que amparará su enseñanza. Y la propia Constitución reconoce el derecho a la opción elegida por los padres, y las leyes y acuerdos la presencia escolar de la formación religiosa, y así lo indica la LOE; como respeto constitucional merecen los que no lo hagan, posibilidades mutuamente compatibles. El resto de decisiones dependerán del desarrollo de la Ley, y cuentan de entrada con la disposición favorable al diálogo de responsables del Gobierno, y a pesar de quienes prefieren el "cuanto peor, mejor" se abren camino vías de encuentro y comunicación. El reconocimiento de la diversidad política, cultural o religiosa, al contrario de lo que se dice, cohesiona e incluye a todos. Primordial y determinante será que la sociedad eleve su valoración sobre un profesorado al que hay que dar más oportunidades formativas, seguramente distinta formación inicial y un reconocimiento que debe tener como colaboradores a los demás responsables educativos, y ratificar los acuerdos sectoriales entre sus representantes y las administraciones competentes. La inclusión de estos y otros criterios en el tan esperado y por fin próximo Estatuto sobre la docencia pública debería responder a las tantas veces frustradas expectativas.

La educación comprende más aspectos que tratar, pero, entre todos, las evaluaciones internacionales indican como referente la media de gasto educativo de los países de nuestro entorno, y es condición necesaria -aunque no suficiente- aumentar la financiación para aumentar la calidad. El refuerzo económico contenido en la memoria que acompaña a la LOE supone un compromiso que ahora sí atiende económicamente las obligaciones educativas que la normativa básica establece para las Comunidades Autónomas. Es la mejor forma de iniciar la prioridad educativa prometida de promoción personal y progreso social.

Raimundo Benzal es portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados.