El Parlamento encarga al Gobierno un informe sobre el cumplimiento de sus mandatos

La oposición logró ayer endosar al Gobierno la obligación de elaborar en dos meses un informe detallado sobre los incumplimientos del Ejecutivo de los mandatos recibidos del Parlamento. El PP negoció su propuesta original con el PSE y Aralar secundó el acuerdo de ambos partidos para completar una nueva derrota del Ejecutivo, que le obliga a una insólita labor de control sobre sí mismo. Este mismo argumento usaron los grupos del tripartito para rechazar sin éxito la iniciativa. A su juicio, el trabajo que la Cámara solicita del Gobierno le compete a ella misma y a los grupos parlamentarios.

El PP sacó adelante, tras pactarla con el PSE y lograr el apoyo de Aralar, una proposición no de ley que insta al Gobierno a elaborar y remitir a la Cámara un informe sobre las actuaciones del propio Ejecutivo en cumplimiento y ejecución de todas las proposiciones no de ley o mociones aprobadas esta legislatura, tanto en pleno como en comisión. El Gabienete cuenta con un plazo de dos meses para enviarlo.

El PSE logró que los populares se apeasen de su pretensión de que el Ejecutivo realizara ese trabajo sobre todas las cuestiones acordadas en la Cámara en la totalidad de los mandatos del actual lehendakari, Juan José Ibarretxe, desde el 2 de enero de 1999, lo que hubiese supuesto una tarea ingente.

Se trató de un debate enrevesado, ya que la motivación aducida por el PP era una declaración de Ibarretxe en la que reclamaba como vigente -"vinculante" en la interpretación popular- una proposición sobre el derecho de autodeterminación aprobada en la Cámara en febrero de 1990. Si el lehendakari considera de obligado cumplimiento aquel pronunciamiento, razonó el PP, igual de obligatorias serán el resto de las proposiciones no de ley y de las mociones aprobadas por el Legislativo y a las que el Gabinete hace muchas veces caso omiso, ya que no acarrean obligación legal, sino tan sólo política.

El portavoz popular, Leopoldo Barreda, se ganó por ello la acusación del peneuvista José Antonio Rubalkaba de haber llevado a la Cámara una de las propuestas más "malévolas" nunca vistas. Rubalkaba recalcó que el Gobierno central pasa por alto también muchas proposiciones no de ley aprobadas en el Congreso.

Ante un informe de incumplimientos que le ofreció el socialista Óscar Rodríguez, sostuvo que el 90% de los encargos del Parlamento al Ejecutivo están cumplidos. Rodríguez negó este extremo y se preguntó para qué sirve la Cámara si cuando aprueba algo que al Gobierno no le gusta éste lo incumple y no pasa nada.

La portavoz de EB, Kontxi Bilbao, se quejó de que la oposición estuviera imponiendo al Gobierno el seguimiento de la ejecución de mandatos, algo que, a su entender, le corresponde hacer al propio Legislativo. "Se está pidiendo al Gobierno que se controle a sí mismo por la vagancia de algunos", dijo. Unai Ziarreta, de EA, se declaró "desconcertado" por la iniciativa y se quejó de que persiguiese "incomodar al Gobierno".

En otro momento del pleno, el tripartito y Aralar sacaron adelante de forma conjunta un acuerdo que pide al Gobierno central una serie de medidas que mostrarían su compromiso con el carácter plurilingüe del Estado, tras aceptar Aralar eliminar un punto por el que el Parlamento había pedido la modificación del artículo 3 de la Constitución, que establece la oficialidad del castellano en toda España y de las demás lenguas en sus respctivas comunidades autónomas.

El PP se opuso al texto y reivindicó que con un Gobierno central de su partido con mayoría absoluta se empezaron a elaborar los DNI y permisos de conducir bilingües. Los socialistas defendieron lo que ya hace el Estado por las lenguas cooficiales de las comunidades. Su portavoz, Isabel Celaá, aludió, entre otras cuestiones, a la financiación íntegra por RTVE de películas rodadas en esas lenguas "mientras ETB anda a vueltas con el 5%", de inversión en cine al que le obliga una directiva europea.

También se refirió Celaá al descubrimiento y reconocimiento de escritores en euskera por el Ministerio de Cultura antes que por las propias instituciones vascas, en referencia a los premios nacionales de Narrativa concedidos a Bernardo Atxaga (1989) o Unai Elorriaga (2002), o al sostén económico a Euskaltzaindia. La parlamentaria socialista se negó a apoyar una propuesta que a su juicio, ignora todas esas intervenciones en favor del euskera y su grupo se abstuvo finalmente.

El Parlamento rechazó también la pretensión de EHAK de que pidiera la retirada de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado de la comunidad autónoma. Sólo Aralar le dio su apoyo, mientras el PSE y el PP votaban en contra y los grupos del Gobierno se abstuvieron, sin ni siquiera intervenir en el debate.