El laberinto de urbanizaciones ilegales complica el reparto de cartas en Orihuela
La falta de nombres y rótulos dificulta el acceso de ambulancias y patrullas policiales
Orientarse en la laberíntica trama urbana de la costa de Orihuela, con miles de calles sin nombre ni rótulos, es una odisea que a duras penas superan con éxito los más veteranos carteros, conductores de ambulancias y policías. En la oficina comarcal de correos se acumulaban hace unas semanas, sin repartir, 30.000 cartas con destino a esa zona. El anónimo callejero afecta de plano a la calidad de vida de los residentes, para quienes contar con una ambulancia al instante es una quimera. El caótico modelo urbano es, por el contrario, el mejor cobijo para las bandas de delincuentes.
Núcleos urbanos con 1.000 casas carecen de datos oficiales sobre su ubicación
El caótico modelo urbanístico de la zona de la playa de Orihuela, con calles y viviendas sin identificar, es la causa de que alrededor de 30.000 cartas permanecieran retenidas a mediados de octubre en la oficina de correos sin repartir. El atasco se ha aligerado en los últimos días, según fuentes de ese departamento del servicio postal.
Pero las consecuencias más graves derivadas de este descontrol callejero afectan a la integridad física de los residentes en esta zona del municipio, la mayoría extranjeros, según denuncia el grupo municipal de Los Verdes. Entre las repercusiones más graves figura el clamoroso retraso de ambulancias en el mejor de los casos, porque un buen número de ellas nunca llega al lugar de destino para socorrer al paciente. A esto se suman las dificultades con las que se topan los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para localizar viviendas en las que se han producido hechos delictivos.
La costa de Orihuela se define por caóticos núcleos urbanos de viviendas unifamiliares diseminados como pequeñas colmenas por el litoral. Su diseño urbano, lejos de mantener un orden y concierto, es un complejo laberinto de calles, la mayoría sin nominar. Sus viviendas carecen, siquiera, de un número de identificación, tal y como confirman fuentes del propio departamento de Estadística del Ayuntamiento de Orihuela y del ente público Correos. Una funcionaria del departamento de Estadística explicó ayer que cuantificar el número de estas calles es "prácticamente imposible". Ésta es una forma, repuso la funcionaria, "que tiene el Ayuntamiento de presionar para que los constructores legalicen las casas". Pero mientras el Consistorio presiona a los urbanizadores, los propietarios se ven privados de sus derechos más básicos.
Aunque no constan denuncias formales de los residentes, la formación de Los Verdes asegura que, en alguna ocasión, vecinos han fallecido mientras esperaban la llegada de la ambulancia. El portavoz de la coalición, Montserrate Guillén, justifica la ausencia de denuncias en que la mayoría de residentes son ancianos extranjeros, por lo que "una vez que ocurre la denuncia no quieren complicarse", precisa.
El responsable de CC OO en la Vega Baja, Salvador Giner, abunda en la "dificultad" para localizar los domicilios en la costa de Orihuela. Giner indica que, en más de una ocasión, las unidades sanitarias urgentes necesitan una media de dos horas para dar con la urgencia. El dirigente sindicalista desconoce casos de muerte a la espera de una ambulancia pero, seguidamente, se apresura a añadir que "las condiciones se dan para que ocurra". Una de las consecuencias directas y, quizá la más evidente, es el "desastroso" funcionamiento de Correos.
Una funcionaria del servicio postal informó de que hace dos semanas el número de cartas retenidas en la oficina de la costa de Orihuela ascendía a 30.000. Esto fue corroborado por el departamento de prensa del ente público, que informó del alivio de este formidable atasco en los últimos días merced a un refuerzo de la plantilla de carteros.
Los propios funcionarios atribuyen el extraordinario retraso en el reparto de las misivas de los vecinos de Orihuela Costa al caótico entramado urbano. Un trabajador, que prefiere mantener el anonimato, explica que existen núcleos urbanos con entre 800 y un millar de viviendas "de las que no existe ni una sola identificación".
El descontrol urbanístico de esta zona del municipio oriolano repercute, sin duda, en la seguridad ciudadana, apunta el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Manolo Martínez. Según este dirigente sindical, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen "verdaderas dificultades" para localizar las viviendas que han sido escenario de hechos delictivos. Y, además, el indescifrable callejero de este tramo del litoral de la Vega Baja no ha pasado desapercibido para los grupos criminales organizados. Las bandas no han dudado a la hora de elegir urbanizaciones de esta zona como base de operaciones, conscientes de que la ubicación de las casas es un misterio para la propia policía.
Una misiva cada tres semanas
Los residentes en la costa de Orihuela, la mayoría jubilados extranjeros, al contrario que en la ficción de García Márquez sí tienen quienes les escriban, pero, paradójicamente, las misivas (salvo las cartas oficiales con notificaciones relativas al pago de impuestos) tardan semanas y semanas hasta llegar a manos de sus destinatarios. Y todo ello porque simplemente y como consecuencia del peculiar y disparatado modelo urbanístico, sus calles carecen de nombres oficiales.
Gerard Terret es uno de los miles de vecinos de esta zona afectados por esta circunstancia. Terret, un ciudadano suizo afincado en la costa de Orihuela desde hace 15 años, señala que, con mucha suerte, recibe una carta cada tres semanas. "En periodo estival, la demora es mayor", relata con resignación. Sin embargo, añade Terret en tono irónico: "En cambio, todos los impuestos llegan puntualmente". En más de una ocasión, Gerard Terret ha tenido que abonar un 20% del impuesto de vehículos porque no llegó a tiempo su misiva.
La falta de nombres de centenares de calles de las urbanizaciones del litoral de Orihuela y sus consecuencias en la calidad de vida de los ciudadanos, sobre todo por lo que se refiere al disfrute de los servicios públicos, ya fue denunciada en 2003 por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En esa fecha, el órgano estatal comunicó al Ayuntamiento que un total de 8.600 viviendas no constaban en el padrón municipal, por lo que sus residentes no podrían ejercer su derecho al voto.
Actualmente, según datos facilitados por el portavoz de Los Verdes, Montserrate Guillén, este volumen se ha reducido en unas 2.000 viviendas, y unas 6.000 quedan todavía en esta situación rayana en la clandestinidad. Esta cifra representa entre el 20% y el 25% del total de casas levantadas en la playa de Orihuela. Al carecer de célula de habitabilidad, los inquilinos viven con agua y luz de obra. Además, muchos vecinos, según Guillén, se ven obligados a "hacer trampa" para conseguir su correo o simplemente matricular a sus hijos en centros escolares.
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