¡Todos al suelo!

Por fin cumplieron su amenaza y se tiraron al monte, esta vez por un camino diferente y más expedito, ya no pretendían la conquista del Estado con métodos violentos si no la adquisición, parcela a parcela, del patrio solar, motivo de sus obsesiones y reivindicaciones. Cautivo y parcelado el territorio nacional, sus tropas blindadas de excavadoras y perforadoras están a punto de conseguir sus penúltimos objetivos, metro cuadrado a metro cuadrado, han edificado sus fortificaciones a lo largo de las costas hasta formar un cinturón de cemento y ladrillos que nos rodea por todas partes menos por una que se llama Portugal. El control de la frontera lusa no es imprescindible pues la internacional de los constructores de imperios inmobiliarios ya despliega entre Tui y Ayamonte sus baterías costeras en todas las cabezas de playa.

En esta lucha incruenta y despiadada, las fuerzas del Estado consiguieron tras largas maniobras de desgaste tomar Marbella, irreductible bastión en el que el extinto jeque Jesús Gil y Gil proclamase, al grito de "¡todos al suelo!", la guerra santa, la gran cruzada inmobiliaria, con su política de tierra recalificada y expoliada, incautada al pueblo para devolvérsela, más rentable que nunca, a sus amos de toda la vida a través de una guerra sucia en las trincheras de los despachos y los pasillos, cuerpo a cuerpo, calle por calle y casa por casa. Victoria pírrica, pues aunque hayan caído en la brega algunos peones de valor, incluso cierto estratega distinguido, sus obras permanecen, incautados o no, los edificios en los que sustentan su poder siguen cegando las playas y arrasando los montes.

Hasta aquí habíamos llegado, cuando el recién nombrado fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, tanto monta..., Antonio Vercher ha descubierto un arma de destrucción masiva contra la edificación masiva y descontrolada y la corrupción que conlleva, un arma que se hallaba desde hace mucho tiempo, oxidada, en los arsenales del Estado: la estricta aplicación del Código Penal que conllevaría el derribo de más de 100.000 viviendas ilegales, sin licencia o con licencia fraudulenta, de las que al menos 30.000 se encuentran en la provincia de Málaga.

Ha llegado el momento de las brigadas de demolición y Madrid vuelve a perfilarse como un frente de batalla especialmente turbulento y conflictivo, territorio propicio a la guerra de guerrillas montaraces, como demuestran las últimas escaramuzas acaecidas en Torrelodones: "Siempre me han hecho dar el dinero en el monte, como dos fugitivos", declaraba el empresario Ángel Nieto a uno de los dos concejales "arrepentidos" del PP local.

Jesús María Pacios, edil de Juventud, Fomento y Empleo, y Reyes Tintó, de Educación, Cultura y Fiestas, recabaron información sobre áreas que no les concernían y fueron destituidos de sus cargos por su insana curiosidad a la que afortunadamente no renunciaron hasta reunir una lista de presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por el alcalde, Carlos Galbeño, y por una autodenominada Fundación de Estudios Superiores de Torrelodones, dirigida por el presidente del PP local y diputado nacional Mario Mingo, entidad consagrada al parecer a estudiar sobre el terreno y hasta la última parcela el mapa del municipio para sacarle un rendimiento superior. Ángel Nieto, el promotor inmobiliario obligado a tirarse al monte con una mochila cargada de euros, se hartó de excursiones y denunció el chantaje: "Me han pedido siempre mucho dinero para el partido, pero en el partido nunca ha aparecido".

En las batallas inmobiliarias de Madrid, en Las Rozas, Boadilla, Ciempozuelos o Torrelodones, en la sierra y en el llano, no se dispara con balas sino con votos que sirven para otorgar mayorías impresentables y posibilitan extorsiones, sobornos y prevaricaciones; el que se utilicen los fondos reptilianos así recaudados para financiar a un partido o para enriquecer a los recaudadores, no es más que una siniestra anécdota sobre los numerosos caminos de la corrupción. Por mucho que nieguen y renieguen, los populares se mantienen a la cabeza en el ranking de corruptelas municipales, pero no son los únicos competidores. No hace falta ir hasta Ciempozuelos para comprobarlo, basta con evocar el amargo recuerdo de Tamayo y Sáenz, tránsfugas y quintacolumnistas que con su pequeña traición cambiaron el signo del gobierno de Madrid. Demoler sus edificios y desbaratar sus coartadas "democráticas" es el reto de estos días tan poco edificantes.