La AEB pide a Economía que regule el sector de la unificación de deudas

Los bancos quieren más orden y control en un nuevo negocio financiero que crece como la espuma: la unificación de deudas por parte de intermediarios particulares. La Asociación Española de Banca (AEB) ha enviado una carta al Ministerio de Economía para que regule el sector, aunque la Administración cree que está bajo la jurisdicción de Consumo. Los intermediarios buscan nuevas garantías para que el cliente agobiado pueda afrontar sus deudas con créditos a más largo plazo. La falta de transparencia en los costes es uno de los problemas.

"Si está agobiado con las deudas, acuda a nosotros y le bajaremos el importe de las letras que paga a fin de mes". Con este atractivo eslogan o alguno parecido, cada vez más intermediarios financieros (se calcula que hay unos 8.000 en España) se anuncian en periódicos, revistas y televisón. El objetivo es que los clientes que no pueden hacer frente a sus deudas, las unifiquen y, habitualmente con la garantía de la vivienda, la rehipotequen y alarguen los plazos del crédito.

El negocio se basa en que la subida del precio de la vivienda ha provocado que el activo en garantía del préstamo se revalorice con fuerza. A la vez, algunos ciudadanos se han endeudado más, con créditos para coches, viajes o segundas residencias, y se han visto atrapados por la subida de tipos de interés. El problema es que la operación tiene gastos importantes y no siempre los clientes son conscientes de la nueva deuda que están asumiendo.

Organizaciones de consumidores como la OCU han alertado sobre el alto coste que supone acudir a estas empresas porque los elevados gastos y comisiones que aplican llegan a superar el 7% del volumen de la deuda.

El Banco de España advirtió recientemente de este problema a través del Portal del Cliente Bancario. El supervisor alertó de las "comisiones y gastos". Además, señalaba que "debe tenerse en cuenta no sólo la diferencia de tipos de interés entre los préstamos antiguos que se sustituyen y el nuevo, sino el plazo durante el cual se va a estar pagando y los gastos totales de la operación".

No obstante, el Banco de España no controla a los intermediarios porque, en su mayoría, no realizan los préstamos ni captan depósitos. Su función es estudiar la situación del deudor, preparar un informe y presentarlo a un banco, caja o entidad financiera de crédito (EFC), con el que se realiza el nuevo crédito.

La AEB considera que este nuevo negocio está atomizado y debería regularse con más detalle, lo que ha solicitado por carta al Ministerio de Economía.

No sólo la banca ve problemas en el sector. La Asociación de Asesores de Inversión y Financiación y la Asociación de Profesionales Asesores Independientes Financieros (AIF), consideran que "es indispensable la autorregulación del sector, ante la inseguridad que provocan algunas de las empresas". José Piera, vicepresidente primero de AIF, con más de mil intermediarios inscritos, cree que "algunos intermediarios sí conceden préstamos a tipos altísimos para sacar a los clientes de los registros morosos. Por eso pedimos que esté controlado por el Banco de España y las autoridades de Consumo para que haya más transparencia, un registro oficial, una cualificación profesional adecuada, un seguro de responsabilidad civil y claridad en la información".

Fuentes de Economía recuerdan que los intermediarios financieros no están bajo la supervisión del Banco de España y que, por tanto, "no deben ser regulados por Economía. Si hacen operaciones por teléfono o Internet, entonces sí deben someterse a la legislación de Comercialización de Productos Financieros a Distancia, que les exigirá transparencia para proteger al cliente". Una de las medidas principales es conceder al consumidor derecho de desistimiento del contrato a distancia en un plazo de 14 días sin necesidad de ninguna justificación y sin penalización alguna.

Si la operativa es cara a cara, como ocurre casi siempre, "están bajo la jurisdicción de Consumo, al que pueden reclamar si consideran que han sido engañados o se les aplican cláusulas abusivas".

No obstante, en su día, el departamento que dirige Pedro Solbes anunció su intención de regular este sector aprovechando la reforma de la ley hipotecaria que ahora se tramita. Finalmente, se quedó fuera del texto, aunque se barajó la posibilidad de crear un registro especial para controlar estas firmas y aumentar la información al consumidor sobre los gastos y los riesgos de recurrir a ellas. No se descarta que el Ministerio de Sanidad y Consumo regule el sector en el futuro.