Los 60 alcaldes socialistas revelarán sus bienes al fin de su mandato y auditarán su gestión urbanística

Los 60 alcaldes socialistas de la región se comprometieron ayer por escrito a cumplir un código ético urbanístico que, en caso de no ser acatado, implicará la expulsión del partido.

Tras reunirse con la dirección del partido, los regidores anunciaron que se someterán al final de su mandato -y no sólo al principio de éste- a una auditoría sobre el cumplimiento del plan general de su municipio y a revelar los bienes de los cargos públicos, para garantizar que no hay enriquecimientos "inexplicables".

El compromiso comienza "desde mañana [por hoy]", explicó la alcaldesa de Velilla de San Antonio, Dolores Agudo. Los alcaldes incluyeron un compromiso político: "No apoyar desarrollos urbanos sin que en éstos se garantice, por parte de sus promotores, tanto una oferta adecuada de vivienda protegida, como la satisfacción de los servicios básicos". Es decir, accesos por carretera y de transporte público, abastecimiento y depuración de agua, tratamiento de residuos, conexión a la red eléctrica, comunicaciones y equipamientos públicos.

El código incluye un compromiso para ser firmes con el régimen de incompatibilidades y la promesa de que los cargos públicos con responsabilidades urbanísticas no participarán, ni siquiera con acciones, "en empresas vinculadas al urbanismo o al sector inmobiliario que actúen o hayan actuado en el ámbito territorial para el que fueron elegidos".

Los regidores se desmarcan así de actos éticamente reprobables aunque no sean ilegales.