El llamado proceso

El titular de la cartera de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha hablado del "llamado proceso de paz" para referirse al diálogo previsto en la resolución, aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados en mayo de 2005, entre las autoridades competentes del Estado y aquellos que estén dispuestos al abandono de la violencia terrorista. Reconozcamos la extrema cautela del ministro y verifiquemos que esa expresión, tan usada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como cuestionada por el principal partido de la oposición y las asociaciones de víctimas del terrorismo de probada afinidad al PP, en absoluto figura en el diario de sesiones.

Sin la solemnidad de invocaciones a la memoria histórica, bastaría la de cada uno de nosotros para registrar que todos los gobiernos sucesivos de la democracia han intentado el final de ETA. Cuando estaba al frente Adolfo Suárez tuvo lugar una generosa y total amnistía, antes de que fuera aprobada la Constitución de 1978, que sacó de las prisiones a todos los condenados por actos terroristas de la banda etarra. Durante el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, las negociaciones del ministro del Interior Juan José Rosón con el parlamentario Juan María Bandrés lograron la reinserción de los poli milis de Mario Onaindia y Kepa Aulestia, que acabaron compitiendo en una formación política, Euskadiko Eskerra, luego aliada al PSE, aunque todavía un sector se descolgara de los acuerdos para continuar por la senda de las pistolas.

El presidente Felipe González promovió en 1988 el encuentro de Argel con el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, de una parte, y el dirigente etarra Txomin, de otra, sin ningún resultado. Hubo otro posible momento negociador en 1993 a partir de la oferta que ETA habría hecho a través del premio Nobel Pérez Esquivel, que González descartó tras una consulta con el líder de la oposición, José María Aznar, instalado por entonces en la actitud inflexible de exigir el cumplimiento íntegro de las penas a todos los condenados, sobrepasando incluso lo dispuesto por la Constitución sobre los beneficios aplicables a los reclusos. También hizo un intento en 1998 el presidente José María Aznar, plasmado en los episodios de Burgos y Zúrich, con obispo y asesor electoral del PP incluido, que se ambientaron mediante acercamientos de condenados por terrorismo al País Vasco, excarcelaciones y declaraciones públicas, como aquella insólita donde se denominaba a la banda etarra Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV).

Génova debería abandonar la preocupación de que un posible acierto de Zapatero en el "proceso" le confiriera perennidad. Ni se apuntaron en el haber de Calvo Sotelo los éxitos negociadores, como se vio en las elecciones subsiguientes, ni figuraron en el debe de González o en el de Aznar los fracasos con ETA, porque ganaron de nuevo en las urnas. Recordemos que después del Congreso del PSOE del que salió Zapatero como secretario general, éste patrocinó el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, recibido con burlas y finalmente suscrito por Aznar, que lo manejó unilateralmente poniendo a los socialistas una y otra vez ante hechos consumados. Pero el recurso del PP a la ley del embudo, en absoluto faculta al PSOE ahora a pagar con la misma moneda. Al inquilino de La Moncloa le alcanzan siempre responsabilidades por la clase de oposición que tiene enfrente, porque desde aquel palacio se pueden inducir "buenas prácticas" en los adversarios. Así que hubiera sido preferible eludir la línea, tan aznarista, de internacionalizar la cuestión etarra llevando esa resolución al Parlamento Europeo que nos ha mostrado divididos, es decir, debilitados.

El presidente del PP ha dicho en la cadena SER y en Tele 5 que en el primer encuentro sobre esta cuestión del terrorismo con Zapatero le dijo que se reuniera con los etarras dispuestos a desistir de la violencia, a quienes alcanzarían los beneficios derivados de la disolución de la banda. Ningún otro asunto cabe en ese orden del día si se quiere el consenso de un PP, desligado parece del maximalismo del 93. Pero, a diferencia del proceso del IRA, aquí llevamos ya 26 años de mesa política y haber usado las armas o haber convalidado su utilización por los afines a nadie proporciona títulos para que se le arrime una silla.