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Reportaje:Conflicto social en Francia

"Vivir aquí es morir a fuego lento"

Los habitantes de Clichy-sous-Bois, cuna de la revuelta urbana de 2005 en Francia, creen que los problemas sociales se perpetúan

Clichy-sous-Bois es una pequeña localidad situada entre cuatro autopistas, con avenidas bordeadas de árboles y césped que no llegan a ocultar bloques de edificios concebidos como jaulas para conejos. Está muy mal comunicada aunque esté rodeada de vías rápidas, como olvidada de todos. Por no tener, no tiene ni comisaría y sus 30.000 habitantes disponen de 25 médicos en total, un porcentaje muy inferior a la media francesa.

La religión musulmana parece ser la mayoritaria entre una población abigarrada, en su mayor parte hija o nieta de emigrantes pero hoy con la nacionalidad francesa. "Vivir aquí es morir a fuego lento", comentaban varios jóvenes encapuchados ayer mientras desfilaban en la manifestación silenciosa en homenaje a los dos muchachos muertos hace justo un año, una tragedia que dio lugar a la oleada de revueltas.

El urbanismo de Clichy, con sus jardines, sus equipamientos deportivos, su lago y sus bosquecillos entre bloque y bloque de apartamentos, no es peor que el de otras muchas localidades de la llamada banlieue parisina. Fue concebido en una época de pleno empleo y mezclaba franceses de toda la vida con recién llegados, trabajadores y clase media. La desindustrialización y el descuido que recibe la vivienda social de parte de sus propios ocupantes ha ido degradando la zona. Los ciudadanos con más dinero han buscado horizontes mejores y Clichy se ha ido empobreciendo. Hoy es una sucesión de fachadas descoloridas cuando no están desconchadas.

La clase política francesa o los medios de comunicación, públicos y privados, han abordado con mucho cuidado la evocación del aniversario de las violencias urbanas de 2005. Solo el soberanista y muy conservador Philippe de Villiers ha parecido querer tirar leña al fuego al declarar: "Yo, en vez de apiadarme por los revoltosos de octubre 2005 prefiero pensar en sus víctimas". Villiers se refería al fotógrafo que el mismo 27 de octubre de 2005 fue asesinado a golpes por un grupo de cuatro jóvenes que quería robarle la cámara. Fue un crimen sin significado aunque Villiers lo atribuye a "esa inmigración incontrolada que reina en Francia desde hace treinta años".

Lo cierto es que la estigmatización que algunos hacen de los inmigrantes -es el fondo de comercio del ultraderechista Jean-Marie Le Pen pero también de Villiers o, en otra clave, del ministro del Interior y futuro candidato presidencial Nicolas Sarkozy- es peligrosa dado que el 25% de la población francesa tiene alguien de su familia directa -padres o abuelos- que es de origen extranjero. Algunas encuestas detalladas demuestran que el discurso de Sarkozy criminalizando los suburbios le priva de una parte importante del voto conservador al que podría aspirar.

Sarkozy, liderando la obsesión por la represión como único remedio, ha anunciado estos últimos días una batería de medidas legales -no le importa pisarle el terreno al ministro de Justicia- pensada sobre todo para "castigar con mayor firmeza a quienes atacan a los representantes de la autoridad pública".

Además, prosiguiendo su cruzada en contra de lo que él define como "jueces laxistas", quiere que se fijen "penas mínimas" para ciertos delitos, es decir, que los jueces no tengan la oportunidad de interpretar la aplicación de penas y recurrir a menudo a la suspensión de la misma, tanto para evitar encarcelar a gente muy joven por delitos de poco relieve como para no contribuir a la ya dramática superpoblación carcelaria.

En ese sentido, el ministro Sarkozy quiere también que la cárcel se aplique para los reincidentes desde que han cumplido los 16 años. El problema es que en esa lógica del siempre más, los delincuentes van aún más lejos que el ministro: "Entre los incendiarios del 2005, un 46% tenía entre 10 y 15 años".

Entre noviembre del año 2005 y este mes la policía ha detenido a más de 3.000 sospechosos de participar en actos de vandalismo urbano. De ese total, 1.077 son incendiarios, la mitad de los cuales se dedican a quemar coches. Las detenciones han ido seguidas en un 89% de los casos de presentación del presunto delincuente ante el juez, pero sólo un 9,5% de los mismos han merecido pena de cárcel.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 28 de octubre de 2006