La promotora sospechosa de Ciempozuelos ofrece colaboración al juez que la investiga

La promotora Española de Promoción y Desarrollo (Esprode), sospechosa de pagar comisiones a ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos (Madrid) a cambio de la recalificación de sus terrenos, envió ayer un escrito de personación al Juzgado de Instrucción número 2 de Valdemoro para "colaborar" en las diligencias previas abiertas por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en Ciempozuelos.

Los responsables de Esprode aseguran que han conocido la existencia de una investigación judicial sobre el supuesto pago de comisiones a ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos por los medios de comunicación, pero que el juzgado de Valdemoro que ha decidido abrir diligencias en relación con este caso aún no se ha dirigido a la empresa, por lo que han decidido personarse.

Por otra parte, en relación con el escrito del fiscal de Urbanismo sobre una supuesta trama de inscripción fraudulenta de fincas en las que estarían implicadas Esprode y la promotora Bitango, con la supuesta connivencia del Ayuntamiento de Ciempozuelos, el despacho de abogados que dirige Javier Ledesma y que representa al Ayuntamiento de Ciempozuelos, agrupado junto a Esprode y Bitango en la asociación de afectados Prosci, rechaza todas las interpretaciones del fiscal.

"Rigurosamente falso"

"Es rigurosamente falso que en mi despacho se haya urdido plan alguno para beneficiar a las sociedades citadas ni a ninguna otra por recalificaciones. Tal manifestación constituye una clara imputación de participación activa en delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, es decir, constituye una calumnia", señala Ledesma.

El letrado recuerda que ante un supuesto intento de estafa a gran escala por un grupo de sociedades que estaban inscribiendo a su nombre fincas de propiedad de otros, entre ellos el Ayuntamiento de Ciempozuelos y el Arzobispado de Getafe, se hizo una convocatoria pública en el salón de plenos municipal para todos los afectados y se decidió crear una asociación sin ánimo de lucro (Prosci) para defender sus intereses. Dicha asociación "fue constituida ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia", remarca Ledesma. La denuncia que presentó Prosci dio lugar a un auto que imputaba supuestos delitos de estafa y falsificación a las sociedades que inscribieron las fincas de manera supuestamente fraudulenta.

En ese mismo auto, el juez ordenaba la paralización cautelar de la inscripción de fincas en esa zona de Ciempozuelos que el Ayuntamiento pensaba recalificar para hacer miles de viviendas. Sin embargo, en los últimos meses algunos de los denunciantes de la estafa (Esprode y Bitango) se habrían dedicado, según el fiscal, a registrar a su nombre las fincas objeto del litigio, desoyendo la decisión judicial de paralizar cualquier actividad en relación con ese suelo público.

"Desconozco cualquier tipo de transmisión o actuación de los miembros que integran Prosci. Me he limitado a mantener una acusación en defensa del interés general y de aquellos ciudadanos afectados por un intento de estafa masiva cuyo curso judicial no ha sido suspendido en modo alguno", concluye Ledesma. El letrado asegura que su despacho nunca ha participado en un plan para beneficiar a dos de las empresas afectadas (Bitango y Esprode).