Disputa por los impuestos de Carlos
Los conservadores reclaman más control sobre el heredero británico
Las finanzas del príncipe Carlos han desatado una disputa entre el Tesoro y el Parlamento británicos. El Comité Parlamentario de Cuentas Públicas, que preside el diputado conservador Edward Leigh, ha reabierto la polémica al cuestionar la legalidad de los acuerdos fiscales del heredero de Isabel II. El príncipe contribuye, voluntariamente desde 1994, con una tasa en torno al 23% sobre las ganancias del Ducado de Cornualles, su principal fuente de ingresos. El Comité demanda, sin embargo, un mayor control sobre la contabilidad del futuro rey y reclama que el ducado esté sujeto también a impuestos de plusvalía y corporativos.
Leigh y los diputados del poderoso comité intentan, una vez más, entrometerse en las finanzas del príncipe Carlos. La última embestida, que se ha filtrado a la prensa británica, coincidió con la visita del heredero a la sede del Ministerio de Hacienda, donde participó en un debate sobre las responsabilidades sociales del mundo corporativo. Es un tema cercano a Carlos de Inglaterra. Su fundación benéfica, The Prince's Trust, ayuda a miles de jóvenes cada año a labrarse un futuro en la industria, comercio o actividades artísticas.
Los laboristas apoyan la situación vigente, que "garantiza la independencia" económica del príncipe
Gordon Brown, ministro de Hacienda, evitó entrar en la polémica, pero, según sus portavoces, está satisfecho con la situación vigente, que garantiza "un nivel de independencia económica" al heredero de la Corona. El Tesoro se reserva, por tanto, la "explicación completa" que exigen los diputados respecto a "la favorable posición fiscal" del Ducado de Cornualles. La carta del comité hace también referencia al Ducado de Lancaster, cuya beneficiaria es la propia reina Isabel II.
El ducado de Cornualles se creó en 1337 como fuente de financiación de los príncipes de Gales. Controla hoy 56.229 hectáreas de terreno rural y urbano, principalmente en el suroeste de Inglaterra. Vendió en 2005 el sector de su patrimonio de uso comercial, pero recibe rentas de vastas y variadas propiedades: desde el campo de críquet Oval, en Londres, a Poundury, el pueblo diseñado según la visión de Carlos, o la prisión de Dartmoor. Gestiona también inversiones financieras y la marca de productos naturales, Duchy Originals, que generó millón y medio de euros el año pasado.
Con ingresos de 14,1 millones de libras (unos 20 millones de euros) declarados en el último ejercicio, el príncipe pagó 4,7 millones de euros en impuesto sobre la renta. Dio a conocer el monto de su contribución para enfriar la presión del Comité Parlamentario, que en julio recomendó más control y transparencia sobre las finanzas regias.
Los diputados vuelven a la carga. Critican los privilegios de ambos ducados y cuestionan su impacto en los mercados inmobiliario y financiero. Para garantizar una mayor claridad, el Comité propone que la Oficina de la Auditoría Nacional supervise los libros de contabilidad del Príncipe Carlos. En el régimen actual, el Parlamento recibe un informe anual de los resultados financieros del ducado de Cornualles. La Reina no desvela su contribución fiscal.
Los portavoces del Príncipe aclararon que el ducado no paga impuesto corporativo porque no es una empresa. "Todos los ingresos que deberían gravarse se incluyen en la declaración de la renta que cotiza el Príncipe de Gales".
Respecto al impuesto de plusvalía, recordaron que el heredero de la Corona no tiene derecho a beneficiarse a título privado de las ventas de su patrimonio. "Todas las recaudaciones de transacciones de activos deben reinvertirse en los negocios del ducado", precisan los asesores de Carlos. Respaldado por el Tesoro, Carlos de Gales ha ganado otra baza de una partida que dista mucho de haber concluido.
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